Culiacán, Sin.- Sinaloa sigue atrapado entre dos realidades: la normalidad que el gobierno estatal quiere proyectar a toda costa, y la inseguridad que todavía trastoca la vida cotidiana. El mejor ejemplo fueron las fiestas patrias. Después de dos años suspendidas por la violencia, volvió a realizarse públicamente el Grito de Independencia. El gobierno estatal intentó presentar el evento como la recuperación de los espacios públicos.
Sin embargo, para llevar a cabo esa celebración, fue necesario desplegar alrededor de 15 mil elementos de seguridad en los 20 municipios de la entidad. Es decir, para tratar de recuperar la normalidad fue necesario instrumentar un operativo militar de enorme dimensión. Aun así, el gobierno no logró su objetivo.
Después de dos años de temor ciudadano, recuperar calles, plazas y actividades públicas es urgente. Pero es un error confundir un evento público custodiado por miles de elementos de seguridad, con el restablecimiento definitivo de la seguridad. Los hechos siguen exigiendo mayor prudencia al gobierno estatal.
En la entidad aún se siguen registrando múltiples homicidios, desapariciones y diverso tipo de delitos. Pero quizá la señal más preocupante no proviene de las estadísticas criminales, sino del creciente deterioro de la economía. Durante agosto de 2026 se perdieron 26 mil 85 empleos formales, respecto de agosto de 2024. En contraste, en el ámbito nacional sí se reportó crecimiento del empleo formal, pero Sinaloa sigue perdiendo trabajadores asegurados.
Cuando una crisis dura ya dos años el contexto económico se modifica. Se posponen inversiones, disminuye el consumo, se reducen horarios, desaparecen empleos y aumenta la incertidumbre empresarial. Lo peor es que, en medio de este contexto, el gobierno esté tratando normalizar la situación. Una sociedad puede acostumbrarse a vivir con retenes, entre soldados, negocios que cierran temprano, calles semivacías y actividades suspendidas. Pero todo esto solo indica el fracaso gubernamental.
La recuperación real de Sinaloa exige tres condiciones: seguridad sostenida con policías locales capaces, instituciones que apliquen la ley, investiguen y sancionen, y una economía que vuelva a generar empleo, inversión y actividad cotidiana. Ninguna ceremonia gubernamental puede sustituir estas condiciones.
La normalidad no debe anunciarse desde una oficina de gobierno, debe notarse cuando los ciudadanos salgan a las calles, cuando los negocios puedan abrir sin riesgo, y cuando la confianza ciudadana deje de depender de la presencia de tropas federales. En Sinaloa continúa la inseguridad y el deterioro económico, y esto es lo que se intenta normalizar.
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