DISCUSIÓN: Entre la promesa de la soberanía tecnológica y el riesgo de la vigilancia

Emilio Porras Vergara

Introducción

“Va a permitir que México entre de lleno al uso de inteligencia artificial y procesamiento de datos”. Con estas palabras la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el proyecto de construcción de Coatlicue, la “supercomputadora del pueblo”. En medios, el anuncio fue resumido dando prioridad al aspecto de la inteligencia artificial (IA): se habló, por ejemplo, de la creación de “una IA mexicana”, y el propio portal oficial contiene una sección para la “fábrica de IA mexicana”. La fórmula es imprecisa en un nivel técnico, pero políticamente reveladora, pues comprime bajo un sólo rubro computadora, modelos de IA,  fuerza de trabajo, infraestructura física y una promesa de soberanía tecnológica. Esta última, en particular, amerita una mirada crítica. Examinar esa promesa exige, sin embargo, mirar más allá de las etiquetas “inteligencia artificial” o “supercomputadora” y atender las condiciones materiales, laborales e institucionales que hacen posible esa capacidad tecnológica. 

El anuncio y desarrollo de Coatlicue permite observar la tensión entre discurso y realidad en torno a la soberanía tecnológica. ¿Qué es, en sí, esta soberanía? ¿Cómo se construye en un  entorno en el que los eslabones clave de las cadenas de producción tecnológica se encuentran concentradas en unas cuantas empresas? ¿Qué capacidades puede esta soberanía desarrollar realmente para el Estado mexicano? 

Pero la cuestión de la soberanía es solamente una dimensión de la problemática: del Estado mexicano ante actores internacionales y privados. El desarrollo de esta infraestructura tecnológica tiene también profundas implicaciones hacia el interior: ¿Qué consecuencias puede tener para la población este aumento en las capacidades tecnológicas del Estado? ¿Para el uso de quiénes se desarrolla y a qué costo? 

Lo que el Estado llama soberanía tecnológica

“Soberanía” es una de las palabras clave en el discurso oficial de la actual administración, aunque su uso es difuso y por momentos se acerca a convertirse en un concepto esponja: capaz de absorber cualquier significado que el hablante le quiera imputar. Se habla de soberanía alimentaria, de soberanía energética e incluso se ha llamado a marchar en torno a defender la soberanía nacional ante los amagues del gobierno estadounidense de subir los aranceles a los productos mexicanos. En todos estos casos, el término apela a una misma imagen: la recuperación de una capacidad colectiva de decisión frente a dependencias y presiones externas. 

De acuerdo con la propia Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), México “enfrenta una dependencia tecnológica, evidenciada en su limitada capacidad para generar tecnología propia en áreas estratégicas”. El objetivo, entonces, es reemplazar esta dependencia tecnológica con una “soberanía tecnológica”. El término se refiere a la capacidad Estatal de "desarrollar tecnología pública y capacidades propias priorizando la soberanía de datos”. Es importante señalar que el Programa Especial en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación aclara que alcanzar la soberanía tecnológica “no implica aislamiento”. Consistiría, más bien, en fortalecer capacidades nacionales para participar en mejores condiciones en los intercambios globales de conocimientos y tecnologías, combinando autonomía estratégica con alianzas internacionales. 

Esta concepción resulta más razonable que la promesa de una autosuficiencia tecnológica absoluta. La soberanía no es una propiedad que un Estado posea o pierda por completo, sino un conjunto de capacidades distribuidas entre distintas capas y entre distintos actores. El control de la infraestructura digital ha permitido que empresas privadas adquieran capacidades de extracción, coordinación e innovación antes asociadas principalmente con los Estados. Kelton y sus coautores hablan por ello de una “soberanía virtual” ejercida por las plataformas. Bieling y Mattioli, por su parte, muestran que el poder infraestructural contemporáneo se produce mediante redes transnacionales en las que intervienen Estados, empresas y actores financieros. En este contexto, la soberanía tecnológica busca redefinir la jerarquía y el papel que desempeña el Estado en ese entramado de fuerzas. 

Una mirada materialista sobre la IA permite llevar más lejos esta crítica. La tecnología y, en particular, la IA y la capacidad de cómputo no son una que se pueda nacionalizar como un objeto unitario. Es una organización de máquinas, energía, datos, conocimientos y trabajo humano, sedimentada en componentes materiales y relaciones de propiedad. Una supercomputadora puede pertenecer al Estado mientras buena parte del conocimiento incorporado en sus procesadores, programas y modelos permanece bajo el control de capitales privados. Al mismo tiempo, la procedencia extranjera de algunos componentes no vuelve automáticamente ficticia toda capacidad pública que se construya alrededor de ellos. 

Coatlicue: más que una IA mexicana, un proyecto de infraestructura nacional en una cadena transnacional 

Los medios se han concentrado en el aspecto de la IA entendida como “la ventana de ChatGPT”. Aunque ésta es, sin duda, la forma en la que la mayoría de la población se enfrenta a la IA, realmente representa sólo un fragmento. De acuerdo con las fuentes publicadas, Coatlicue será mucho más que un modelo de lenguaje, será la pieza clave de un proyecto de infraestructura pública de cómputo. Una plataforma de este tipo puede permitir el entrenamiento y ejecución de modelos, pero su principal capacidad es la enorme potencia computacional que permite el procesamiento y relación de datos a gran escala.

La escala anunciada es considerable. Coatlicue alcanzaría una potencia de 314 petaflops mediante 14,480 unidades de procesamiento gráfico distribuidas en cerca de 7,500 chasis y 200 gabinetes, con una inversión pública aproximada de seis mil millones de pesos. En términos de capacidad, ésta sería varias veces superior a la infraestructura de supercómputo actualmente disponible en México. De acuerdo con la SECIHTI, sus posibles aplicaciones científicas incluyen modelos climáticos, predicción de fenómenos meteorológicos y crisis hídricas, procesamiento de información sanitaria, movilidad, energía, astrofísica y sistemas avanzados de IA. 

A través del desarrollo y aplicación de la IA se espera un incremento en la capacidad de procesamiento de tareas mucho más mundanas pero no menos importantes: procesamiento de información impositiva (el Servicio de Administración Tributaria, validación de facturas), la capacidad de arrendar almacenamiento y poder de cómputo a empresas mexicanas en desarrollo (de acuerdo con la información disponible, es de esta renta de donde se espera que eventualmente el proyecto pueda ser autosustentable). La IA, entonces, forma parte de un proyecto mucho más profundo de reorganización de capacidad Estatal en ciencia, administración y productividad. 

No hay que caer en una ilusión donde la soberanía tecnológica significa que México controle la totalidad de la cadena tecnológica. Según Marcio Aguilar, Nvidia suministrará las unidades de procesamiento gráfico, mientras que la formación y transferencia inicial de conocimientos dependerán de la colaboración con instituciones de España e India. 

Pero la procedencia extranjera de los componentes tampoco vuelve ficticio el proyecto. Poseer infraestructura física, formar equipos técnicos propios y decidir de manera local sobre cierta capacidad de cómputo puede reducir la necesidad de rentarla a proveedores externos y mejorar la posición negociadora del Estado mexicano ante sus pares y el capital extranjero. Esto, sin embargo, no se traduce necesariamente en una “supercomputadora del pueblo”. No es suficiente anunciar la soberanía y conceder que mayor control Estatal equivale a un beneficio diferenciado para su población en general. 

¿Soberanía para quién? Capacidad Estatal, costos y legibilidad social 

Llamar a Coatlicue la “supercomputadora del pueblo” añade a la descripción técnica una afirmación política: no sólo será propiedad pública, sino que sus capacidades servirán al conjunto de la población. Ambas cosas, sin embargo, no son equivalentes y es importante insistir en ello. La infraestructura que se construye es infraestructura, antes que nada, de capacidad Estatal.  

¿Qué tipo de Estado se fortalece mediante esta infraestructura? Por un lado, la justificación oficial habla de los beneficios sociales. Un Estado con capacidades tecnológicas propias puede reducir gastos recurrentes en licencias, servicios de nube, almacenamiento y procesamiento de datos que ahora suceden en servicios externos —privados y, a la postre, extranjeros. De acuerdo con el reportaje promocional de Canal 22, la infraestructura tecnológica se encontraba dispersa y fragmentada, bajo la administración de proveedores privados.  La construcción de infraestructura tecnológica de carácter público reduciría costos de forma importante, pero también la concentración de sistemas y la consiguiente eliminación de redundancias administrativas como registros y procesos. Para el ciudadano, estas reducciones pueden acortar tiempos administrativos, reducir la posibilidad de arbitrariedad y hacer más eficiente el uso de los recursos públicos, un desarrollo sin duda positivo.

Esta cara se debe contrastar, sin embargo, con los riesgos y costos que representa, mismos que el discurso oficial evita mencionar. Que la digitalización transforme la responsabilidad administrativa y el tránsito de la burocracia a nivel de calle a la burocracia de sistema no es sólo una cuestión de eficiencia. La integración de bases de datos y la automatización de procedimientos pueden reducir márgenes de discrecionalidad en ventanilla, eficientar trámites y hacer más uniformes ciertas decisiones. Pero, al mismo tiempo, la decisión deja de aparecer como el acto identificable de una persona funcionaria y se distribuye entre múltiples capas tecnológicas: los datos utilizados, el diseño del sistema, el modelo algorítmico y quien finalmente ejecuta la recomendación.  

Cuando el sistema es opaco la persona afectada puede no saber qué impugnar ni ante quién hacerlo y las decisiones políticas se blindan bajo una capa tecnológica y, por el momento, nada en la documentación oficial ofrece indicios que permitan minimizar esta preocupación; existe un comité técnico encargado de las convocatorias para instituciones públicas y privadas, indicadores de impacto social y principios de transparencia, rendición de cuentas e interés público. Sin embargo, el comité no incluye representación ciudadana con voz y voto ni organismos independientes de protección de datos o derechos humanos.

Detrás de la promesa de modernización yace también una factura material y política que el entusiasmo oficial no desglosa. Una infraestructura de esta escala exige un suministro intensivo y constante de energía eléctrica y sistemas de enfriamiento que compiten por recursos hídricos en regiones a menudo ya bajo estrés de agua. En la presentación original de Coatlicue, el propio gobierno reconoció que la elección de su sede debía considerar la disponibilidad de agua y energía, y señaló la posibilidad de utilizar modelos de recirculación. Pero reconocer estos requisitos técnicos no equivale a esclarecer sus efectos: todavía es necesario conocer el consumo previsto, las fuentes de abastecimiento, el sistema de enfriamiento y las condiciones ambientales de la región elegida. Mientras los beneficios de Coatlicue se presentan como nacionales y se atribuyen al “pueblo” en abstracto, sus costos energéticos, hídricos y territoriales recaen sobre lugares y poblaciones concretas. 

Tampoco todos los usos anunciados tienen las mismas implicaciones. Junto con el aumento de la capacidad de servicios también viene un aumento en la capacidad de vigilancia y coerción Estatal. El Estado no sólo puede almacenar más información o consultar con mayor rapidez lo que ya sabe: puede relacionar registros antes dispersos, identificar patrones y producir inferencias acerca de conductas, riesgos o acontecimientos todavía no ocurridos, un proceso de vigilancia algorítmica. Coatlicue no es por sí misma un sistema de vigilancia: es una infraestructura capaz de sostener múltiples sistemas y modelos. El riesgo depende de los datos que se lleguen a procesar, las instituciones que obtengan acceso y las decisiones que se tomen a partir de sus resultados. 

Como muestra Kate Crawford, los sistemas contemporáneos trasladan al gobierno civil categorías desarrolladas en ámbitos militares y de inteligencia: objetivo, anomalía, amenaza y nivel de riesgo. Su capacidad específica reside en relacionar grandes volúmenes de datos para detectar patrones y orientar de manera preventiva la intervención Estatal. Una alerta disparada por ésta no constituye por sí misma una prueba, pero puede determinar quién será investigado, inspeccionado o considerado irregular. A diferencia de la vigilancia tradicional, orientada a objetivos específicos y acotada en el tiempo, el análisis predictivo exige una ingesta continua e indiscriminada de datos fiscales, sanitarios y administrativos. La población se vuelve exhaustivamente legible, clasificable y rastreable para el aparato Estatal, mientras que los criterios probabilísticos con los que se ejerce esa vigilancia permanecen herméticos e inaccesibles para el ciudadano común . En este contexto, los datos recabados para prestar un servicio, cobrar un impuesto o administrar una prestación pueden adquirir una segunda vida como insumos para clasificar riesgos y orientar intervenciones. 

Conclusión

Coatlicue podría entonces producir un movimiento doble: hacer al Estado menos dependiente de ciertos proveedores extranjeros y, al mismo tiempo, aumentar la autonomía y la capacidad de intervención del aparato Estatal frente a una sociedad con posibilidades decrecientes de observar. La infraestructura puede volver a la población y a la economía más legibles para el Estado mientras que el propio Estado se vuelve menos legible para la población. 

Al final, como con frecuencia pasa, la retórica gubernamental aplana las sutilezas de la realidad. Coatlicue no es solamente retórica, pero tampoco equivale a una completa soberanía tecnológica. Es un intento real de reconstruir la capacidad pública de cómputo sobre una cadena tecnológica transnacional controlada, en varias de sus capas decisivas, por capital privado extranjero. Sin embargo, la medida de esta soberanía no puede ser sólo cuánto control recupera el Estado frente a sus proveedores, sino qué controles conserva la sociedad sobre las capacidades que el Estado adquiere.

*Emilio Porras Vergara. Estudió sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde desarrolló un interés continuo por la sociología histórica del Estado y la crítica de la economía política.
@blaberon