Actualmente, 43.4% de los presos no tiene sentencia y la población penitenciaria creció 16% durante los primeros dos años del sexenio
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Actualmente, 43.4% de los presos no tiene sentencia y la población penitenciaria creció 16% durante los primeros dos años del sexenio
Detrás del balance triunfalista en materia de seguridad del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum hay 118 mil 266 personas encarceladas sin sentencia.
El contrainforme de la organización Causa en Común revela que el abuso de la prisión preventiva oficiosa convirtió el encierro automático en la principal política penal del país.
Hoy, 43.4% de la población penitenciaria permanece tras las rejas sin una condena o absolución, el nivel más alto del que se tiene registro.
El uso masivo del encierro preventivo aumentó un 16% la población privada de la libertad en los primeros dos años del sexenio, alcanzando 272 mil 448 personas internadas.
Sin embargo, llenar las cárceles con procesados no se tradujo en la resolución de delitos.
Mientras se encarcela de forma automática, las fiscalías del país, incluyendo a la Fiscalía General de la República (FGR), mantienen un rezago de 2.1 millones de carpetas de investigación sin resolver.
De acuerdo con el diagnóstico, esto confirma que el sistema optó por el atajo del encierro antes que por la investigación efectiva.
El documento exhibe un modelo penal diseñado para elevar cifras de encarcelamiento preventivo, pero incapaz de combatir la impunidad y la delincuencia.
Además, advierte la ausencia de un modelo nacional de desarrollo penitenciario, pues persisten deficiencias graves en la profesionalización del personal de custodia, en tanto que el hacinamiento, la violencia y el autogobierno se agravan a la par del ocultamiento de información pública.
La estrategia de seguridad tampoco contuvo la crisis de violencia. Causa en Común documenta un saldo de atrocidades que desmiente el discurso oficial de “construcción de la paz”: 693 masacres, 20 mil 314 personas desaparecidas, 617 fosas clandestinas y el asesinato de 637 policías, 125 actores políticos y 14 periodistas.
Esto ocurre en medio de un entramado institucional alineado para la opacidad y el control político a través de la sumisión de la FGR y las fiscalías estatales al Ejecutivo, la acelerada militarización y la cooptación de los contrapesos constitucionales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha perdido su autonomía y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha quedado reducida a un organismo intrascendente sin recursos ni capacidades para responder a las familias de las víctimas.
Dicho escenario se desarrolla en un entorno donde, desde la conferencia matutina, se señala e intimida de forma sistemática a medios y comunicadores críticos, como parte de la censura y propaganda frente a la realidad criminal.
La organización indica que tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) la información pública es cada vez más escasa, incompleta, desactualizada y sesgada, con el pretexto de la "seguridad nacional".
Y con la llegada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Tribunal de Disciplina Judicial de perfiles promovidos por el partido oficial - y la eliminación de los filtros de idoneidad - la puerta quedó abierta para la captura de juzgadores por parte de intereses políticos, económicos y criminales.
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