Guadalajara, Jal.- Su apellido ahora es “N”, aunque hace tres semanas era Miranda Robles. Lucio Miranda Robles. Pero ya no podemos decirle así porque es un presunto delincuente. Y antes, en 2015, hubo quien le dijo presidente. Porque lo fue: alcalde interino de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
Hoy, su nombre es relevante porque fue un tipo con poder, señalado por abusar sexualmente de una de sus subordinadas. Y antes de eso porque estuvo en la dirección del DIF estatal. Previo a su detención fue coordinador de Servicios Públicos Municipales en Tlajomulco, en la administración de Gerardo Quirino, administración que está en curso.
A Lucio “N” le pusieron las esposas a mediados de agosto. Casi de inmediato se dictaminó que permanecería en prisión preventiva oficiosa por seis meses. ¿Luego qué pasó? Lo que da rumbo a esta columna.
Sin que hubiera amparo, apelación o acta alguna, el juez Luis Ignacio Ceja Arias le quitó esa prisión preventiva. Lo peor es que ese fue el mismo juzgador que le otorgó la prisión preventiva en una audiencia celebrada el 12 de agosto.
¿Y entonces?
Al hacerse pública la libertad de ese funcionario, el Consejo de la Judicatura sesionó, lo suspendió y le retiró el caso. La decisión no demoró demasiado. El juez ya tenía una queja en trámite y el pleno determinó suspenderlo mientras se investiga su actuación.
Para el 20 de agosto, Lucio “N” decidió salir a defenderse a través de las benditas redes sociales. Justo después de grabar su video, agentes de la fiscalía lo volvieron a capturar. El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, había prometido que “regresará lo más pronto posible tras las rejas”.
Y lo cumplió.
El episodio, además, terminó colocando a Salvador Zamora en una posición incómoda: garantizar la reaprehensión de un compañero de partido y, al mismo tiempo, ejecutar la respuesta de un gobernador frente a una decisión judicial que había generado molestia en Palacio de Gobierno. Con esa orden, Lemus puso a prueba la lealtad de Zamora, un incondicional del exgobernador Enrique Alfaro.
Dos fuentes consultadas para esta columna sostienen que Alfaro habría intervenido para que el juez Ceja Arias modificara la medida cautelar de su antiguo colaborador. La versión cobra relevancia por una razón: fue él quien colocó a Lucio “N” al frente del DIF Jalisco y antes lo llevó a la Dirección de Vinculación Regional de la Secretaría de Asistencia Social.
Aunque en lo público tanto Pablo Lemus como Enrique Alfaro se han mostrado unidos y hasta han salido a patinar juntos para mostrar fuerza, en el círculo político todos saben que hay una marcada distancia entre ambos. Primero, porque si bien Lemus le debe su carrera política a Alfaro, este último hizo de todo para impedir que lograra la candidatura de Movimiento Ciudadano. Y esas cosas se guardan, pero no se olvidan.
Así, Lucio “N”, a quien por el momento no podemos decirle Miranda Robles, es un elemento más dentro de esa desgastada relación.
Ese funcionario terminó siendo mucho más que un expediente judicial. Se convirtió en otro episodio de una relación política que ambos gobernadores se empeñan en presentar como sólida, aunque hace tiempo dejó de serlo. Patinar, sonreír para las cámaras y hablar de unidad es la pose, pero siempre habrá personajes que terminan exhibiendo lo que el discurso trata de ocultar.
En política hay amistades que se rompen en silencio… y otras que necesitan un Lucio para que todo salga a flote.
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