Buenos Aires, Arg.- Hay una mutación silenciosa en la manera en que los Estados conciben sus fronteras.

Durante siglos, la frontera fue ante todo una línea. El trazo que separaba a los propios de los ajenos, al ciudadano del extranjero, el adentro del afuera.

Esa función no ha desaparecido.

Pero se le ha superpuesto otra, menos visible y más difícil de cartografiar: la frontera como dispositivo narrativo.

El límite que un Estado traza no ya sobre quién puede entrar, sino sobre qué puede decirse de él.

El nuevo régimen migratorio impulsado por el gobierno de Javier Milei permite observar ese desplazamiento con una nitidez poco frecuente.

El Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026 incorpora, entre las causales de ingreso, permanencia y expulsión de extranjeros, ciertas conductas asociadas a mensajes de odio, incitación a la violencia, discriminación por nacionalidad y ultraje a los símbolos patrios.

El propio texto se cuida de aclarar que el disenso ideológico y la crítica política, académica o ciudadana quedan fuera de esas categorías.

La salvedad es jurídicamente relevante.

Pero no agota la pregunta de fondo.

La discusión sobre su constitucionalidad es central, y corresponde a los especialistas en derecho migratorio.

Existe, sin embargo, otra pregunta, menos evidente: ¿qué ocurre cuando la representación de una nación empieza a tratarse como un asunto de soberanía?

De la frontera territorial a la frontera narrativa

Benedict Anderson describió a las naciones como comunidades imaginadas.

No porque sean ficticias, sino porque ni siquiera sus miembros llegarán a conocer jamás a la mayoría de sus compatriotas.

La nación se sostiene mediante relatos, símbolos y formas compartidas de imaginar una pertenencia común.

Esa dimensión imaginaria tuvo siempre efectos políticos concretos.

Lo que cambia en nuestro tiempo es el soporte sobre el que esa imaginación se produce.

Buena parte de la identidad nacional se construye hoy en plataformas digitales.

Circula en videos, hilos, memes, campañas de indignación.

Una polémica puede atravesar una frontera geográfica en cuestión de minutos y convertir una disputa local en un conflicto reputacional internacional.

La frontera, entonces, ya no es solamente el lugar por el que pasan personas y mercancías.

También es el lugar por el que circulan relatos.

La literatura reciente sobre migración ha empezado a nombrar este fenómeno como digital bordering: la construcción de fronteras mediante dispositivos digitales, sistemas de clasificación algorítmica y regímenes de vigilancia, antes que mediante infraestructura física.

El caso argentino añade un elemento que la bibliografía todavía no había registrado con esta claridad.

¿Qué sucede cuando es el propio Estado quien administra esa frontera narrativa?

La reputación como territorio

El gobierno ha justificado el nuevo régimen migratorio en el lenguaje clásico de la soberanía, la seguridad y la identidad nacional.

El decreto invoca la necesidad de proteger al pueblo argentino de determinadas formas de hostilidad que, se afirma, comprometen la convivencia.

Aquí aparece una transformación conceptual que merece atención.

Podríamos llamarla soberanía reputacional.

No es una categoría jurídica establecida. Es una herramienta para pensar un fenómeno emergente: la pretensión de un Estado de intervenir no solamente sobre su territorio físico, sino también sobre determinadas representaciones de la nación.

Lo verdaderamente nuevo no es que los Estados cuiden su imagen —eso lo hicieron siempre—, sino que ahora una disputa reputacional puede tener consecuencias materiales.

Una persona puede producir un contenido desde otro país.

Ese contenido puede volverse viral.

Puede ser leído como hostil hacia una nación.

Y, si esa persona es extranjera, el Estado puede eventualmente disponer de herramientas migratorias que afectan su posibilidad de ingresar, permanecer o residir en el territorio.

El discurso ocurre en el espacio digital.

La consecuencia puede ocurrir en la frontera física.

Ese puente es el verdadero fenómeno político que este caso permite observar.

Milei y la política de la atención

El caso argentino adquiere una particularidad adicional por la relación del propio gobierno con las plataformas digitales.

Milei convirtió las redes sociales en uno de los principales escenarios de su construcción política.

Su liderazgo se desarrolló en buena medida mediante la confrontación digital, la identificación de adversarios, la viralización y la disputa permanente por el sentido de los acontecimientos.

En ese ecosistema, la política no se limita a administrar instituciones.

También consiste en administrar atención.

Y cuando la atención se convierte en poder, la reputación se convierte en un territorio estratégico.

Esto ayuda a comprender por qué una controversia nacida en las redes puede adquirir rápidamente una dimensión política.

Una acusación de "campaña antiargentina" ya no describe solamente un conjunto de publicaciones.

Puede convertirse en una narrativa sobre un enemigo, sobre una amenaza y, finalmente, sobre la necesidad de proteger la soberanía.

El problema aparece cuando el Estado comienza a intervenir sobre ese territorio narrativo utilizando instrumentos originalmente diseñados para otra cosa.

La frontera migratoria pasa entonces a funcionar también como una frontera discursiva.

El extranjero como cuerpo de una disputa digital

Hay aquí una paradoja particularmente poderosa.

Las plataformas permiten que los discursos circulen sin fronteras.

Pero el Estado sigue teniendo fronteras territoriales.

Una persona puede expresarse en un espacio digital global, pero su condición migratoria continúa siendo administrada por un Estado concreto.

Ese desfasaje produce una nueva forma de poder.

El contenido es digital, pero la sanción puede ser territorial.

El conflicto ocurre en la esfera de la reputación, pero la herramienta estatal opera sobre el cuerpo: ingresar, permanecer, residir o ser expulsado.

Por eso el migrante ocupa un lugar particular dentro de esta nueva arquitectura.

Es quien se encuentra simultáneamente dentro y fuera: participa del espacio social y discursivo de un país, pero su pertenencia jurídica al territorio puede ser más precaria que la de un ciudadano.

La soberanía reputacional encuentra allí un punto especialmente sensible.

La pregunta que el decreto no responde

El decreto argentino contiene una salvaguarda importante al excluir expresamente el disenso ideológico y la crítica política, académica o ciudadana.

Pero esa aclaración no elimina la pregunta política.

¿Quién determina cuándo una expresión constituye crítica y cuándo se transforma en hostilidad?

¿Quién define qué es un mensaje de odio?

¿Quién decide cuándo una opinión sobre una nación deja de ser una opinión y se convierte en una amenaza?

Estas preguntas importan porque las plataformas han convertido la circulación de discursos en un terreno extraordinariamente ambiguo.

El mismo contenido puede ser leído como crítica, provocación, sátira, discurso de odio o propaganda dependiendo del contexto, del receptor y del clima político.

Cuando esa clasificación queda conectada con derechos migratorios, el problema deja de ser solamente comunicacional.

Se convierte en un problema de poder.

La nueva frontera

La discusión sobre el DNU de Milei puede quedar atrapada entre dos posiciones.

Quienes lo presentan como una herramienta necesaria para proteger la seguridad nacional. Y quienes lo consideran una amenaza contra la libertad de expresión y los derechos de los migrantes.

Ambas discusiones son necesarias.

Pero existe una tercera pregunta que permite mirar el fenómeno desde otro ángulo.

¿Estamos asistiendo a la aparición de una nueva dimensión de la soberanía: la soberanía sobre la reputación?

En la época de las fronteras físicas, los Estados defendían su territorio.

En la época de las fronteras digitales, intentan también controlar cómo ese territorio es representado, disputado y percibido.

Argentina ofrece un caso particularmente nítido porque el gobierno de Milei ha hecho de la confrontación digital una dimensión central de su política y, al mismo tiempo, está ampliando el lenguaje de la soberanía hacia el terreno migratorio y discursivo.

No sabemos todavía hasta dónde llegará este desplazamiento.

Pero una pregunta ya está instalada:

Si un Estado tiene fronteras para proteger su territorio, ¿puede llegar a construir también fronteras para proteger la imagen que quiere proyectar de sí mismo?

Tal vez la próxima frontera no sea solamente geográfica.

Tal vez sea reputacional.