Las listas presentadas por Luisa María Alcalde, consejera jurídica del Ejecutivo federal, preocupan por la magnitud de las cuentas analizadas y el amplio uso de recursos para identificar, clasificar y exhibir a quienes considera parte de una red opositora. Alcalde presentó nombres de periodistas, medios y comentaristas y afirmó haber identificado una red de más de 560 mil cuentas que calificó como bots. Aseguró que a los señalados “a todos los tenían ubicados”, una frase que sonó a amenaza.
Al hacerlo, deslegitimó como operación artificial la crítica contra el gobierno propia de una sociedad libre y mandó un mensaje de vigilancia a los señalados y ciudadanos por igual. En 2021, la propia Claudia Sheinbaum calificó la elaboración de listas de adversarios políticos como una práctica del macartismo y el nazismo. Cinco años después, su gobierno hizo precisamente aquello que entonces condenaba.
La pregunta es para qué necesita un gobierno identificar y clasificar políticamente a sus críticos. En Filipinas, el gobierno de Ferdinand Marcos Jr. ha normalizado el “etiquetado en rojo”: señalar públicamente a activistas y periodistas como vinculados a la insurgencia comunista. El gobierno niega que exista una política de persecución, pero organismos de derechos humanos documentan que esos señalamientos han ido acompañados de vigilancia, amenazas, acoso, detenciones y, en algunos casos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Turquía muestra hasta dónde puede llegar esa misma lógica cuando el poder se concentra y los contrapesos dejan de funcionar. Tras el fallido golpe de Estado de 2016 —cuya versión oficial ha sido cuestionada por quienes sostienen que pudo ser propiciado por el propio poder—, el gobierno de Recep Tayyip Erdoğan declaró el estado de excepción y gobernó por decreto durante dos años. Más de 130 mil empleados públicos fueron despedidos, muchos sin una revisión judicial efectiva. Más de 200 medios de comunicación cerraron y cerca de 150 periodistas terminaron en prisión, muchos acusados de vínculos con organizaciones consideradas terroristas por el régimen. Una década después, Turquía ocupa el lugar 163 de 180 países en libertad de prensa.
México no ha reproducido esos mecanismos, pero sí muestra una combinación preocupante: mayor capacidad para identificar al adversario, menos contrapesos y menores defensas del ciudadano frente al poder. La elección popular del Poder Judicial debilitó uno de los principales frenos institucionales, mientras el registro obligatorio de líneas telefónicas elimina el anonimato de los móviles y vincula cada número con la identidad de su titular. A ello se suma el debilitamiento del amparo como herramienta de defensa frente a los actos de autoridad.
La inteligencia artificial multiplica esa capacidad. Permite cruzar datos, detectar patrones, reconstruir redes y elaborar perfiles a una velocidad y escala antes inexistentes. En una democracia con controles efectivos, esas herramientas están sujetas a límites legales y escrutinio institucional. Pero cuando el poder se concentra y el Estado decide unilateralmente quién es sospechoso, la tecnología deja de administrar y empieza a vigilar. Lo que antes requería investigar personas y relaciones una por una, ahora puede hacerse sobre millones de datos simultáneamente.
Señalar públicamente a personas identificables desde Palacio Nacional no es un acto inocuo en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Article 19 ha documentado 61 periodistas asesinados durante los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum, además de 37 personas buscadoras asesinadas y 8 desaparecidas hasta mayo de 2026.
Filipinas y Turquía muestran que el autoritarismo no comienza con cárceles ni desapariciones, sino cuando el poder decide quién es el enemigo y adquiere los medios para identificarlo. México todavía puede poner un límite, antes de que identificar al adversario y actuar contra él se conviertan en la misma operación.
Recomendar Nota
