La variación anual del PIB al segundo trimestre de 2026 fue de 1.9%, prácticamente la misma, decepcionante, tasa de crecimiento que en promedio ha tenido la economía mexicana en las últimas cuatro décadas. Este pobre dinamismo es reflejo de una fallida estrategia de desarrollo. El éxito exportador del T-MEC, que multiplicó el comercio, se convirtió en un espejismo: el país se especializó en el ensamblaje de bajo valor con un altísimo contenido importado, operando, en palabras de Juan Carlos Moreno Brid, como una "locomotora sin cabuses" que no arrastra a la economía nacional.
Para que México eleve su crecimiento potencial necesita invertir más, pero, sobre todo, invertir mejor, lo que requiere aislar las decisiones de inversión de incentivos cortoplacistas ajenos a la maximización de la eficiencia del aparato productivo nacional. Sin un mayor crecimiento económico será imposible sostener los programas sociales y profundizar el combate a la pobreza que han beneficiado a millones de personas, particularmente ante un entorno de balance fiscal sumamente comprometido, en ruta de hacerse insostenible.
El Plan México parece adoptar este enfoque al proponerse elevar la inversión a 28% del PIB para 2030 y el contenido nacional en 15%. No obstante, la enorme acumulación de poder político y económico tras la reforma judicial y la extinción de órganos autónomos induce al grupo gobernante a incurrir en actos arbitrarios perjudiciales para la inversión —como las cancelaciones del NAIM y Constellation Brands, o la alteración discrecional de reglas energéticas y la captura política de la SCJN—. Tal como ha señalado Benito Solís, estos amagos acortan los horizontes de planeación empresarial, elevan los precios por primas de riesgo, debilitan la imparcialidad judicial ante presiones locales y encarecen el costo de la deuda pública.
Aquí radica la pertinencia y la urgencia de establecer una Junta de Desarrollo Económico (EDB), inspirada en la experiencia de Singapur. Un EDB es una agencia técnica y autónoma que actúa como "ventanilla única" y arquitecto industrial para planificar la inversión de largo plazo. Un EDB mexicano serviría para proteger al grupo en el poder de sus propias pulsiones arbitrarias, funcionando como un mecanismo de autolimitación: al anclar las reglas del juego en una institución con patrimonio propio y fideicomisos blindados de los ciclos sexenales, el Estado ofrecería un compromiso creíble de certeza jurídica que trascienda las administraciones.
El éxito de Singapur demostró que el EDB supera la maquila al actuar como socio estratégico (vía capital de riesgo con EDB) y al forzar la transferencia tecnológica hacia pymes locales (programa PACT). Modelos homólogos como IDA, en Irlanda, CINDE, en Costa Rica y KOTRA, en Corea del Sur han replicado este modelo.
Para evitar la captura política o de grupos de interés, el EDB mexicano debe integrarse con perfiles estrictamente meritocráticos de "gerentes y organizadores" (banqueros de inversión y tecnólogos) seleccionados mediante estrictas credenciales profesionales. Su Consejo de Administración debe ser híbrido, integrando por ley a rectores universitarios y directivos globales. Operativamente, debe blindarse con la abstención obligatoria por conflictos de interés, rotación de personal y una presunción legal de corrupción ante cualquier enriquecimiento injustificado de sus funcionarios.
Finalmente, el diseño del EDB debe evitar colisionar con el T-MEC, que prohíbe exigir requisitos de desempeño o transferencias tecnológicas forzadas. Para ello, el EDB debe desplegar una política industrial indirecta: otorgar créditos fiscales a la innovación (I+D) realizada dentro del país sin discriminar origen, financiar masivamente la formación STEM en universidades públicas y aprovechar la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para establecer estándares de sostenibilidad que favorezcan naturalmente a la proveeduría nacional avanzada de forma consistente con las finanzas públicas.
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