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México por debajo de Angola, El Salvador, Honduras, Rusia o Nigeria en el índice de Estado de derecho del WJP

De acuerdo con el informe anual del World Justice Project (WJP) México se encuentra entre los 20 países con un mayor deterioro institucional

El informe anual del World Justice Project (WJP) 2025 revela que México se encuentra entre los 20 países con un mayor deterioro institucional, al tener una calificación general de 0.40 (en una escala de 0 a 1, donde 1 representa el apego más sólido al Estado de derecho).

Nuestro país descendió al lugar 121 de 143 países evaluados a nivel global, lo que lo ubica en el percentil inferior (el 15 por ciento peor evaluado del planeta), compartiendo peldaño con naciones sumidas en crisis institucionales o de gobernanza como Gabón y la República del Congo, y superando apenas a países con regímenes de marcada inestabilidad.

Aún más alarmante, señala el documento, es el ritmo del colapso: entre 2024 y 2025, México registró una caída del -2.8 por ciento en su puntaje general. 

Esta contracción posiciona a México como uno de los mayores retrocesos del mundo (los mayores declives en el Estado de derecho), empatado con Estados Unidos (-2.8 por ciento) y solo por detrás de casos extremos de descomposición o conflicto civil como Rusia (-4.9por ciento), Sudán (-4.4 por ciento), Mozambique (-3.9 por ciento), Togo (-2.9 por ciento), Níger (-2.7 por ciento), El Salvador (-2.7 por ciento) y Afganistán (-2.7 por ciento).

México entre los peores retrocesos del mundo

De acuerdo con los datos del WJP 2025, mientras que el promedio de declive entre los países que empeoraron a nivel global fue de -1.07 por ciento, la caída de México (-2.8 por ciento) fue casi tres veces más grave que el promedio mundial de deterioro. 

México perdió 2 posiciones en el ranking global respecto a la medición previa.

Al analizar la región de América Latina y el Caribe (cuyo promedio de desempeño se ubica en 0.51), México exhibe un rezago estructural crítico. 

De los 32 países medidos en la región, México ocupa la posición 28 de 32, situándose únicamente por encima de Bolivia (lugar 131), Nicaragua (139), Haití (140) y Venezuela (143).

Mientras que Uruguay (0.72) y Costa Rica (0.68) demuestran que en América Latina es posible mantener estándares institucionales sólidos, México se sitúa 11 puntos por debajo del promedio regional (0.51). 

Incluso, economías pares o competidoras en la región aventajan drásticamente a México: Chile supera a México por 86 lugares globales; Argentina se encuentra 56 puestos arriba; y Brasil, que creció un +1.1 por ciento este año, supera a México por 43 posiciones.

Mientras países latinoamericanos como la República Dominicana (+2.1 por ciento) y Brasil (+1.1 por ciento) se ubicaron entre los mayores reformadores del mundo en 2025, gracias al fortalecimiento de sus marcos de gobernanza y contrapesos, México transitó por la ruta opuesta.

Registró la peor caída de toda América Latina (-2.8 por ciento), superando incluso el deterioro de El Salvador (-2.7 por ciento) y Haití (-2.2 por ciento).

Ejes de la crisis institucional en México

El informe del WJP contextualiza la caída de México dentro de una recesión global del Estado de derecho que se aceleró en 2025, donde el 68 por ciento de los países evaluados sufrieron pérdidas. 

Las dinámicas identificadas por el WJP a nivel mundial explican con los focos de vulnerabilidad que golpean a México: el primero factor es el deterioro de los Contrapesos al Poder Ejecutivo.

A nivel global, el 61 por ciento de los países vieron debilitados los controles judiciales sobre el ejecutivo y un 63 por ciento redujo la efectividad de los órganos de auditoría e inspección independientes. 

En México, apunta el informe, la erosión sistemática de los órganos autónomos y las presiones sobre el sistema judicial han minado la capacidad del Estado para limitar al Poder del Ejecutivo.

WJP precisa que la pérdida sostenida de terreno institucional no es producto del azar, sino de decisiones políticas deliberadas que han debilitado las salvaguardas democráticas, sofocado la independencia judicial y vulnerado el espacio cívico.

Construir instituciones democráticas y sistemas de justicia resilientes requiere décadas de esfuerzo constante, pero, advierte, desmantelarlas puede ocurrir con enorme rapidez y con consecuencias duraderas.

Y señala que si México no revierte esta espiral descendente mediante la restauración de los contrapesos, el respeto irrestricto a la independencia judicial y el combate frontal a la corrupción impune, el país corre el riesgo de consolidar su posición en el vagón de cola del desarrollo democrático regional e internacional.

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