El gobierno de México anunció recientemente que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) incrementó la cuota de importación de azúcar mexicana a 1,152,000 toneladas para el ciclo agrícola 2026-2027. Este aumento de 512% respecto al ciclo previo representa un respiro tras años de crisis y una inyección potencial de 4 mil 760 millones de pesos para 170 mil productores en 15 estados.
Este logro resultó de una intensa negociación bilateral iniciada en noviembre de 2025. La carta maestra de México fue la amenaza de aplicar aranceles espejo a las exportaciones de fructosa estadounidense, que inundan el mercado mexicano con 1.2 millones de toneladas anuales. Al advertir que se cerraría el paso al jarabe de maíz, México obligó al USDA a desechar sus "trampas contables" y devolver la prioridad de abasto que los Acuerdos de Suspensión otorgan al país.
Sin embargo, las reglas del T-MEC mantienen a México en una posición desventajosa. Bajo los Acuerdos de Suspensión de 2014, Estados Unidos determina unilateralmente cuánto azúcar puede exportar México, de qué tipo (máximo 30% refinada) y a qué precio mínimo, transformando el libre comercio en un mercado administrado. Pese a que el azúcar representa apenas 0.1% del total de las exportaciones a Estados Unidos, su relevancia es política y simbólica. Da señales de que México puede lograr acuerdos menos desfavorables frente a un socio que busca ganar todas las concesiones posibles.
Aun así, el pacto es frágil, pues está sujeto al exceso de demanda sobre la oferta en Estados Unidos. Si los productores norteamericanos de caña y remolacha lograran cosechas récord, el cupo para México se reduciría automáticamente, manteniendo a los productores nacionales en la incertidumbre. Ambas naciones sostienen artificialmente a su industria azucarera por razones políticas antes que de eficiencia, favoreciendo a sus productores a costa de sus consumidores.
En México, el afán de autosuficiencia promueve la ineficiencia: aunque existen ingenios de clase mundial, la mayoría son sumamente ineficientes y merman la productividad promedio nacional. La industria mexicana queda muy por debajo de los estándares de Guatemala, que promedia 102 toneladas de caña por hectárea frente a las 70 de México. La dispersión en minifundios ejidales y formas de organización complejas dificulta las economías de escala y los procesos just-in-time. Además, mientras Guatemala centraliza su investigación en Cengicaña, en México los recursos científicos están desconectados y dispersos.
Este sector es un microcosmos de lo que el Plan México y las recomendaciones de Mariana Mazzucato buscan transformar. En este sentido, la protección no debe ser una carga para el consumidor, sino una herramienta para la capacidad de crecimiento compartido del país mediante misiones claramente definidas y condicionalidades de inversión.
En México hay dos tipos de ingenios:
- Eficientes: administrados por consorcios privados (como Beta San Miguel o Zucarmex), que operan bajo el esquema "Azúcar 4.0", con economías de escala, logística digitalizada, cogeneración eléctrica y "caña administrada" que garantiza frescura y altos rendimientos (KARBE).
- Ineficientes: operan desde la pulverización del minifundio ejidal, con maquinaria de mediados del siglo XX, nula tecnificación de riego y una función más de amortiguador social que de unidad económica rentable.
Para emparejar la eficiencia nacional, se podrían adoptar acciones como:
- Tecnificación del riego: implementar riego por goteo para duplicar rendimientos y mitigar sequías.
- Mecanización de la zafra: transitar al corte mecánico en seco para reducir costos y daño ambiental.
- Logística digital: usar geolocalización y programación matemática para reducir el tiempo de molienda a menos de 12 horas.
- Conversión a biorrefinerías: diversificar ingresos mediante la producción de etanol y cogeneración eléctrica.
- Asociación de productores: fomentar cooperativas compactas para lograr economías de escala en el minifundio.
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