Vivimos lo que muchos pensadores han descrito como “la era de la posverdad”, donde las emociones que suscita un mensaje adquieren un mayor peso que su veracidad. Para explicar el fenómeno de la posverdad se suele recurrir a figuras populistas capaces de suscitar fuertes emociones a punta de mensajes completamente falsos. No importa que el contenido sea falso, logra generar una emoción fuerte y aunque después se desmienta el mensaje, la memoria emotiva se queda registrada en el subconsciente de la audiencia. El votante podrá ya no creer una calumnia, pero el miedo o coraje que le causó imaginar la escena se quedará en él. En este contexto de posverdad, es cierto que necesitamos mecanismos que permitan identificar cuando un mensaje o noticia es verdadero o falso. Más aún, es crucial poder distinguir entre opinión, publicidad pagada y hechos. Estas herramientas informativas —cada vez más difíciles de conseguir— son fundamentales para la discusión democrática.
Con esos objetivos en mente —mejorar la calidad del debate, evitar la desinformación y proteger la libertad de expresión— es que debemos evaluar los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias presentados por Sheinbaum. Si bien es cierto que todo informador debe cumplir con la responsabilidad de explicitar cuándo un contenido es una noticia y cuándo una opinión (como concluyó la Suprema Corte en el amparo en revisión 1031/2019), los medios para llegar a ese fin pueden pervertir por completo el objetivo e incluso empeorar el acceso al derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión.
En la discusión de dicha sentencia en 2022, se determinó la inconstitucionalidad de aquella reforma de 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que permitía que los medios se autorregularan. La razón era simple: los derechos de libertad de expresión y acceso a la información no podían depender de la buena voluntad de los medios privados o concesionarios. El objetivo era evitar los conflictos de interés y garantizar estos derechos fundamentales.
Hoy la discusión parece situarnos del otro lado. Si bien los lineamientos también plantean un esquema de autorregulación, en esta ocasión se busca situar a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones como evaluadora de los principios autoimpuestos por los medios y como garante de que estos principios se sigan. Si, a juicio de la CRT, se incumple con los objetivos de tales códigos de protección de los derechos de las audiencias —a contar con información clara sobre qué contenido es publicidad, cuál opinión y cuál noticia—, entonces el medio en cuestión podrá ser acreedor de una multa de hasta el 1% de los ingresos acumulables de la concesionaria.
En pocas palabras, arrastramos el problema del conflicto de interés que se exhibía en 2017-2022, pero ahora nos enfrentamos ya no a la laxitud de la autorregulación, sino a la severidad de la censura o autocensura que se puede derivar de tener un comisariado estatal, centralizado y con sus propios intereses comunicativos de fondo. Lo que necesitamos es un punto medio, mecanismos autónomos que garanticen la veracidad de los contenidos y que den el contexto suficiente para interpretarlos —como opinión, noticia o publicidad—. Si tan solo tuviéramos un organismo autónomo encargado de proteger el derecho a la información…
La tutela de la verdad no puede depender ni de los intereses privados dejados a su suerte, ni, mucho menos, de un censor del gobierno. Porque, como dicen Sergio López Ayllón y Pedro Salazar Ugarte, “El Estado no es titular de un derecho de réplica frente al periodismo crítico. En una democracia, el gobierno no es la víctima de la prensa sino el sujeto sometido a su escrutinio”.[1]
Ante el afán del oficialismo por adquirir un mayor poder sobre lo que se dice, lo que se oculta y las formas en que la ciudadanía accede a la información, se vuelve evidente que los derechos de las audiencias son lo último que les interesa. Sabemos que la verdad no les preocupa porque no hacen nada ante la violencia dirigida contra nuestros periodistas. ¿Qué podemos esperar de quienes implementaron el régimen de la confusión con el discurso de los “otros datos”? Desde nuestras trincheras tenemos que plantear otra vía, porque es en el acceso a la verdad y la comunicación donde se juega el futuro de la democracia. No queremos irresponsabilidad mediática, pero, menos aún, censura.
[1] López Ayllón, Sergio y Salazar Ugarte, Pedro, “Hacia un Estado policiaco”, Nexos, agosto de 2026; disponible en: https://www.nexos.com.mx/hacia-un-estado-policiaco/
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