Cuando en 2020 el gobierno federal desapareció el Fondo de Desastres Naturales bajo el argumento de que era un vehículo opaco, no ofreció pruebas de esa opacidad ni abrió proceso alguno contra sus responsables. Lo que sí hizo fue eliminar una estructura con reglas de operación, comité técnico y disponibilidad plurianual de recursos, y sustituirla por la discrecionalidad del presupuesto anual. La lección es de diseño institucional. Un fondo mal auditado se corrige auditándolo mejor, no borrándolo.
Esa experiencia explica por qué, después del anuncio del Fondo de Capital Ambiental, cobra sentido revisar una iniciativa legislativa que impulsé desde mi paso por el Senado de la República para crear un Fideicomiso Fondo Verde para la Resiliencia Climática. El ejercicio es útil porque expone algo que la discusión ambiental mexicana suele evadir: sin un mecanismo financiero estable, plurianual y fiscalizable, ningún compromiso climático sobrevive el cambio de administración. México se comprometió ante Naciones Unidas a movilizar recursos equivalentes a siete por ciento del PIB cada año hasta 2030 para su transición sostenible, según estimó la propia Secretaría de Hacienda en 2023. Ese nivel de ambición es incompatible con fondos que aparecen y desaparecen según el humor presupuestario del momento.
Lo interesante de propuestas como el FVRC no es su etiqueta verde, sino su arquitectura: combinar gasto programable con financiamiento internacional, ingresos fiscales acotados y capital privado, bajo un comité con votos distribuidos y reglas de rendición de cuentas. Es la misma lógica que el propio Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO exige para el golfo de California cuando pide evaluaciones de impacto verificables antes de aprobar proyectos irreversibles. La disyuntiva no está entre gastar más o gastar menos, sino entre decidir con reglas o decidir por decreto.
En el fondo, la resiliencia climática se mide por la capacidad pública de sostener decisiones difíciles con evidencia, dinero etiquetado y vigilancia ciudadana. Sin esa base, cualquier política corre el riesgo de convertirse en promesa sexenal.
Un país que aspira a competir por inversión y a cumplir sus propios compromisos internacionales no puede permitirse que su política ambiental dependa de la voluntad de un funcionario en turno. Blindar esos mecanismos frente a la discrecionalidad —sea cual sea el partido que gobierne— es una condición de credibilidad económica, no una consigna sectorial. Esa es la exigencia mínima que la ciudadanía debería sostener con la misma insistencia, gobierne quien gobierne.
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