El objetivo de esta medida es articular una respuesta internacional que contribuya al restablecimiento inmediato del Estado de derecho y garantice el principio de alternancia democrática en ese país
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El objetivo de esta medida es articular una respuesta internacional que contribuya al restablecimiento inmediato del Estado de derecho y garantice el principio de alternancia democrática en ese país
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) repudió categóricamente este lunes las recientes declaraciones del mandatario nicaragüense Daniel Ortega, quien afirmó que no se volverán a celebrar elecciones en el país centroamericano.
A través de un pronunciamiento oficial, el organismo regional rechazó con firmeza la propuesta de reforma constitucional impulsada por el régimen sandinista. Según denunció la Comisión, dicha iniciativa legal busca institucionalizar la permanencia indefinida en el poder de la copresidencia de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, quebrando de forma definitiva el orden democrático.
Ante lo que califica como un grave retroceso institucional en la región, la CIDH solicitó formalmente a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) activar con carácter de urgencia los mecanismos de la Carta Democrática Interamericana. El objetivo de esta medida es articular una respuesta internacional que contribuya al restablecimiento inmediato del Estado de derecho y garantice el principio de alternancia democrática en Nicaragua.
El pronunciamiento responde directamente al discurso emitido por Ortega durante el aniversario de la revolución sandinista, donde declaró enfáticamente: "no volverá a haber elecciones para que ellos (la oposición) intenten atrapar el gobierno". Aunque el mandatario matizó días después indicando que la prohibición recaerá sobre quienes catalogue como "terroristas o golpistas", el anuncio formalizó el desmantelamiento total de las vías democráticas en el país.
Este paso se complementa con un proyecto de reforma constitucional —programado para someterse a votación en la Asamblea Nacional controlada por el régimen— que busca extender el mandato de la copresidencia de seis a siete años. Asimismo, la modificación elevará a rango constitucional restricciones que prohíben de por vida la participación política de cualquier disidente calificado como "traidor a la patria".
La medida profundiza una crisis que inició con la violenta represión de las protestas civiles en 2018 y que continuó con las cuestionadas elecciones de 2021, en las cuales Ortega encarceló a los principales candidatos opositores antes de la votación. Desde entonces, el régimen ha ilegalizado a miles de organizaciones civiles, encarcelado a críticos y aplicado una política de "represión transnacional" mediante el destierro y el despojo masivo de la nacionalidad a cientos de opositores.
La declaración de Ortega ha sacudido el tablero diplomático americano, impulsando de inmediato acciones en el seno de la OEA.
El Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, condenó la decisión afirmando que "desnuda su verdadera naturaleza autoritaria" y reafirmó el derecho de los nicaragüenses a elegir libremente. La administración estadounidense promovió de emergencia, junto con otros aliados, una sesión extraordinaria en el Consejo Permanente de la OEA. El organismo regional ya programó una asamblea para evaluar formalmente una convocatoria de Ministros de Relaciones Exteriores de la región.
El Gobierno dominicano condenó enérgicamente la anulación de la vía electoral por violar flagrantemente los principios hemisféricos. Por su parte, expresidentes costarricenses y su cancillería exigieron medidas contundentes. La respuesta de Managua fue el ataque verbal inmediato, tachando a los gobiernos críticos de ser "voces vasallas" de Washington.
Trascendió, por otra parte, que el gobierno colombiano evalúa el posible rompimiento definitivo de relaciones diplomáticas ante la consolidación de la dictadura.
En contraste, el gobierno mexicano ha mantenido una postura distante, rehusándose hasta el momento (en nombre de la "no intervención" y la "autodeterminación de los pueblos") a emitir un pronunciamiento directo sobre la cancelación de los comicios en el país centroamericano.
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