El próximo 24 de agosto, Estados Unidos reabrirá el puerto de Douglas, Arizona, al ganado mexicano. Es la tercera vez que se intenta abrir la frontera en casi dos años. Ninguna de las anteriores logró ser definitiva.
La primera sucedió en febrero de 2025, tres meses después del cierre inicial provocado por el primer caso de gusano barrenador detectado en Chiapas. La segunda, que preveía un esquema escalonado, duró apenas dos días: del 7 al 9 de julio, hasta que un nuevo caso en Veracruz obligó a suspender nuevamente el intercambio.
Durante los meses de cierre, se estima que hasta 1.9 millones de cabezas de ganado quedaron sin poder cruzar, las cuales representan casi 2 mil 500 millones de dólares en divisas que dejaron de ingresar al país (GCMA). Cada apertura anterior se celebró como el fin de la crisis. Ninguna lo fue.
Esta ocasión, el USDA reabrirá el puerto en Arizona, mientras condiciona la apertura de los siguientes, en Nuevo México, al cumplimiento verificado del Plan de Acción Conjunto. Es un proceso paulatino que comienza donde el riesgo es menor, en los estados más alejados del foco de la plaga. En el sureste, donde se concentra el mayor número de casos y el daño ganadero está hecho, el escenario es distinto.
México aporta la contención —la planta de moscas estériles en Chiapas, financiada con inversión bilateral, además de la vigilancia y el trabajo de campo— bajo criterios que EU diseña con base en sus prioridades e intereses. La cooperación bilateral funciona, pero el calendario es unilateral.
¿Cómo ha respondido nuestro país a esta crisis?
En los hechos, la erradicación del gusano barrenador no se asumió como una prioridad de Estado, sino como el requisito indispensable para recuperar el acceso al mercado estadounidense. De ahí que la estrategia fuera esencialmente reactiva; orientada a reabrir la frontera, más que a reconstruir nuestras capacidades sanitarias.
Esa asimetría tiene implicaciones que trascienden al sector ganadero y conviene leerlas con atención en la nueva etapa del T-MEC. El tratado entró en su fase de revisiones anuales, que obliga a ambas partes a evaluar periódicamente el cumplimiento de sus compromisos. El factor clave es quién determina en qué consiste dicho cumplimiento.
Este caso anticipa la lógica previsible en los próximos años: México asume los costos, pero la decisión final es de Washington. En otras áreas —como el acero y el aluminio— el patrón podría repetirse.
Con todo, la reapertura de la frontera al ganado mexicano es una buena noticia. Que sea definitiva dependerá de que México desarrolle capacidades propias para generar evidencia técnica y defenderla, y no sólo con condiciones que satisfacer en cada revisión. Mientras eso no ocurra, las buenas noticias serán provisionales.
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