En septiembre de 2022, tropas ucranianas avanzaban sobre Jersón intentando recuperar territorio ocupado por Rusia. De pronto, el servicio satelital que sostenía sus operaciones se interrumpió. Reuters reveló que detrás de la interrupción había una orden directa de Elon Musk, propietario de Starlink.
Si bien lo ha negado en reiteradas ocasiones, en marzo del año pasado escribió que Starlink es “la columna vertebral del ejército ucraniano”. Hoy, dos tercios de todos los satélites activos en órbita pertenecen a esa empresa.
Más allá de la figura polémica de Elon Musk, el episodio es revelador. Se trata de un actor privado capaz de tomar decisiones sobre un conflicto armado sin mandato democrático alguno, sin obligación de rendir cuentas ante ninguna institución.
Las grandes empresas tecnológicas han acumulado una forma de poder que trasciende las categorías tradicionales. No pueden declarar una guerra ni conquistar directamente un territorio, pero sí determinar qué candidatos tienen más alcance en una campaña electoral, o cuál es la versión de los hechos que llegará a millones de personas. Su forma de influencia se acerca más al “poder estructural” de Susan Strange: no siempre dictan decisiones, pero sí establecen las condiciones dentro de las cuales otros deciden. Por ello, es una forma de poder muy difícil de regular.
Su influencia se despliega de dos maneras igualmente preocupantes, por razones contrarias.
La primera es actuar a título personal sin rendición de cuentas. Jersón es el ejemplo más contundente: una persona sin obligaciones jurídicas internacionales tomó una decisión que tuvo consecuencias directas sobre un conflicto entre Estados.
La segunda ni siquiera tiene un responsable plenamente identificable. En 2024, por ejemplo, el fotógrafo gazatí Motaz Azaiza —que documentaba el conflicto en Gaza— enfrentó restricciones y suspensiones recurrentes en sus cuentas de Meta. Ningún ejecutivo tomó esa decisión, fue simplemente el resultado de clasificadores automatizados. Human Rights Watch documentó casos similares en más de 60 países, atribuidos en gran medida a sesgos en los sistemas de moderación de contenidos.
De un lado, el poder de influir sin contrapesos ni rendir cuentas; del otro, no hay decisión en absoluto, sino inercias opacas, como las algorítmicas.
El orden internacional fue diseñado para regular las decisiones de los Estados. Desde la Convención de Viena —el modelo mejor logrado de autorregulación estatal multilateral— los Estados han sabido codificar reglas sobre su propio comportamiento, cuando reconocen que todos ganan gracias a esa reciprocidad. Funciona porque hay conductas atribuibles a actores concretos y sanciones posibles ante el incumplimiento. Nada de eso aplica cuando el poder se ejerce mediante influencias indirectas, o actos inasibles, por parte de actores sin responsabilidades definidas ni conductas predecibles.
En 2017, Dinamarca nombró a un embajador ante Silicon Valley, reconociendo al Big Tech como un actor global que ejerce una influencia comparable a la de los Estados. Pero esa innovación diplomática no resuelve la pregunta de fondo: ¿Cómo imponer obligaciones equivalentes a las de un Estado a quien tiene un poder similar al de un Estado?
Paradójicamente, los países que podrían impulsar un régimen multilateral para controlar la influencia de las empresas tecnológicas son precisamente quienes exportan esa infraestructura al resto del mundo. Estados Unidos tiene contratos con SpaceX por más de 22 mil millones de dólares (Reuters, 2024). China desarrolla sus propias constelaciones satelitales y sistemas de inteligencia artificial. Ninguno tiene incentivos para acotar un poder tecnológico que va de la mano con su poder estatal.
El problema es que los Estados tienen cada vez menos control sobre la tecnología. Los únicos que podrían cambiar ese escenario tienen demasiado qué perder si lo intentan. Mientras tanto, empresas como SpaceX y Meta ejercen funciones que históricamente correspondían a los Estados, sin que ningún orden jurídico las obligue a responder por ellas.
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