El exgobernador panista denuncia irregularidades en su captura y traslado al Altiplano; la oposición habla de persecución política mientras la FGR presume combate al huachicol fiscal
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El exgobernador panista denuncia irregularidades en su captura y traslado al Altiplano; la oposición habla de persecución política mientras la FGR presume combate al huachicol fiscal
Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California por el PAN, promovió un nuevo amparo contra su detención por delincuencia organizada y huachicol fiscal, recurso que fue admitido por un juez federal. El político reclama 17 actos de autoridad presuntamente ilegales, entre ellos la orden de aprehensión, su traslado al penal de máxima seguridad del Altiplano y la incomunicación con su defensa y familiares.
El caso de Ruffo Appel avanza en tribunales mientras su defensa insiste en que se han cometido violaciones graves a sus derechos humanos. El amparo presentado cuestiona la legalidad de la captura realizada en Ensenada, la falta de notificación inmediata a su familia, la negativa a permitir comunicación privada con abogados, la suspensión de su tratamiento médico y la omisión de certificar su estado de salud antes del traslado. También denuncia irregularidades en su inscripción al Registro Nacional de Detenciones.
El juez federal que recibió la demanda de garantías admitió el recurso, aunque no se ha informado si concedió suspensión provisional. Previamente, un juez en Ensenada había otorgado suspensión de plano, para evitar incomunicación y actos de tortura. La defensa busca blindar al exmandatario frente a lo que considera un proceso plagado de abusos, mientras la Fiscalía General de la República sostiene que se trata de un caso emblemático en el combate al contrabando y la delincuencia organizada.
En los últimos días, la detención de Ruffo Appel ha generado un choque político: Morena rechaza que se trate de persecución, mientras el PAN y otros partidos opositores lo presentan como víctima de venganza política. El proceso, que se desarrolla en el Altiplano, se convierte en un escenario donde se dirime no solo la situación jurídica de un exgobernador, sino también la credibilidad del sistema de justicia frente a acusaciones de selectividad y uso político de la ley.
La controversia judicial contra Ruffo Appel trascendió los tribunales y se trasladó a las calles de Baja California. En Tijuana, ciudadanos y exfuncionarios se concentraron frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para protestar contra lo que consideran una detención arbitraria del exgobernador panista. Con pancartas y escritos formales, exigieron su liberación inmediata y el respeto a sus derechos humanos.
Entre los asistentes destacó la presencia del exgobernador José Guadalupe Osuna Millán, quien respaldó la trayectoria de Ruffo y alertó sobre la falta de acceso a sus medicamentos básicos. “Me preocupa la integridad, la seguridad y la salud; su hija me platicó que batalló para hacerle llegar los medicamentos, todavía hasta ayer no lo habían podido ver”, declaró.
La manifestación incluyó la recolección de escritos formales que serán presentados ante las instancias correspondientes, con el objetivo de exigir un debido proceso transparente. Los participantes coincidieron en que Ruffo Appel es un “preso político” y que su caso refleja un uso faccioso de la justicia.
Este respaldo social añade presión al proceso judicial y coloca al caso en el centro del debate político nacional. Mientras la FGR insiste en que se trata de un combate contra el huachicol fiscal y la delincuencia organizada, la oposición y sectores ciudadanos denuncian un patrón de persecución política que erosiona la credibilidad institucional.
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