Antes que panista o gobernador, Ernesto Ruffo Appel era, y es, un destacado empresario de Ensenada, pero los dirigentes nacionales del sector privado lo abandonaron en manos de una justicia partidista y vengativa.
Sea culpable o inocente de los cargos que le imputan, pero su detención y el encierro en Almoloya se realizaron con métodos propios de una dictadura donde no existe el Estado de derecho.
¿Por qué el gobierno federal cambió a un juez de carrera que llevaba el caso y lo entregó a una juez del acordeón que de inmediato ordenó detener al empresario bajacaliforniano?
Uno, porque para eso desmantelaron al Poder Judicial y pusieron a jueces, magistrados y ministros a su servicio: establecer una dictadura.
Es lo que vivimos. Una dictadura.
Y dos, porque los organismos cúpula del empresariado mexicano son un cero a la izquierda.
Ellos permitieron que en México se pusiera el Poder Judicial bajo el mando del Ejecutivo, con un cambio constitucional votado por una mayoría espuria y la elección ilegítima que impuso a los jueces del acordeón que enlistó el gobierno.
Ahora, sin Estado de derecho, ¿qué pueden hacer?
Mucho pueden hacer. Por lo menos, exigir un juicio justo contra Ernesto Ruffo y darle seguimiento y vigilancia al proceso.
Nada. Hacen como que no se enteraron y dejan a uno de los suyos en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.
Hubo quienes creyeron que la cobardía del sector empresarial ante el mal trato del gobierno hacia ellos y el manejo estatista de la economía era por dos líderes del Consejo Coordinador Empresarial subordinados al chasquido de los dedos del presidente.
No es así. No es un asunto de carácter.
Asumió la presidencia del CCE José Medina Mora Icaza, que viene de Coparmex, y es lo mismo. Inmutable ante la utilización política de la justicia y la exhibida de Ruffo como un malandrín de mercado.
El problema es más de fondo: la representación del empresariado mexicano pertenece a grupos que viven de las rentas que les otorga el gobierno a través de contratos directos, y de otros consorcios que necesitan favores de la burocracia gobernante.
Las cúpulas de la iniciativa privada sirven a unos pocos empresarios como instrumento de relaciones públicas y de legitimadoras de atropellos a las libertades de parte del gobierno.
Qué diferencia con la Iglesia.
Cuando los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora fueron asesinados en un municipio perdido en la sierra Tarahumara en junio de 2022, la Conferencia del Episcopado Mexicano tuvo una reacción enérgica y valiente.
En su posicionamiento acusó a la “fallida estrategia de seguridad” del gobierno (de López Obrador), y señaló que el crimen era una consecuencia de la creciente violencia e impunidad en el país.
Los jesuitas y la CEM convocaron a diálogos por la paz a universidades y organizaciones civiles, y le hicieron saber al gobierno federal que no abandonarían la sierra Tarahumara.
Y los organismos cúpula del sector privado se quedan sin voz cuando el poder político les encarcela, con métodos de dictadura, a uno de los suyos.
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