La manera en que fue detenido Ernesto Ruffo es la más reciente prueba de que en México gobierna una dictadura que mandó el Estado de derecho al cesto de la basura.
La diarquía AMLO-Sheinbaum usurpó dos poderes independientes y encarcela, libera o exonera según las conveniencias del momento. Y legisla contra la Constitución cuando lo necesita.
Ruffo no estaba en la lista de las 23 personas que la FGR solicitó girar órdenes de aprehensión hace tres semanas, por el caso que ahora tiene en prisión al exgobernador de Baja California.
El juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya, Mario Elizondo Martínez, que es un juzgador con carrera judicial, rechazó las peticiones de la FGR por carecer de fundamentos, como lo explicó el sábado el periodista Abel Barajas.
La FGR cambió de juez y puso las solicitudes en manos de una juez, Alejandra Ramírez de la Vega, que llegó al cargo gracias a las elecciones del acordeón.
A la juez le añadieron dos nombres a la lista de 23: Carlos Xavier Treviño Sepúlveda y Ernesto Ruffo Appel como “cabeza de una organización criminal”.
La solicitud fue una orden para la juez del acordeón, que en menos de 24 horas dio luz verde a la instrucción persecutoria del gobierno.
¿Para qué creen que los gobiernos de Morena destruyeron los cimientos del Poder Judicial, pusieron jueces, magistrados y ministros a las órdenes suyas?
Vivimos en una dictadura que aprieta las tenazas de su poder absoluto sólo cuando lo necesita.
La dictadura requiere cargar el estigma de huachicoleros a empresarios vinculados a la oposición, y diluir en la opinión pública el alud de evidencias de que los amos de ese multimillonario negocio delictivo están en el gobierno de Morena.
Necesita que se baje el tono de la traición a México que protagoniza la gobernadora de Baja California, María del Pilar Ávila.
Sea cual sea la opinión que tengamos de Ruffo, merece un juicio justo y éste arrancó con una audiencia a puerta cerrada, sin prensa ni familiares, a pesar de lo que establece el artículo 20 de la Constitución.
El gobierno, es decir la dictadura, tiene en libertad y sin proceso alguno a los funcionarios que son parte del narcotráfico, se aliaron a cárteles para robar elecciones.
Gobernadores se beneficiaron de los contubernios de Morena -en manos de Mario Delgado- con los capos del huachicol que financiaron sus campañas.
Todos ellos le deben sus cargos al gobierno y al crimen organizado, y están libres porque son parte de una mafia que, incluso tiene permiso para matar.
¿Quién mató a Sergio Carmona Angulo, el Rey del huachicol, financiero de las campañas de Morena en el norte?
¿Quién mató al vicealmirante Rubén Guerrero Alcántar, luego de denunciar ante los secretarios de Marina de AMLO y de Sheinbaum, la mafia multimillonaria del huachicol en ese instituto armado?
¿Quién mató al exrector Héctor Melesio Cuén, que llegó a la casa de Joaquín Guzmán López a reunirse con El Mayo y el gobernador Rocha?
¿Por qué mataron a El Mencho cuando era trasladado a la Ciudad de México luego de su captura en Jalisco?
Los gobiernos morenistas en los estados no necesitan matar a periodistas, o amedrentarlos en la CDMX directamente. Ese trabajo lo hacen sus socios del crimen organizado.
La dictadura no necesita dar respuesta o rendir cuentas porque anuló, vía el fraude y el miedo, a los contrapesos de su poder.
A eso fue la presidenta a la final del Mundial: a suavizar la relación con el único contrapeso al que le teme la diarquía dictatorial AMLO-Sheinbaum.
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