Esta semana se difundió un segundo audio atribuido a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. A diferencia del primero —que ella misma reconoció como auténtico y explicó como parte de las gestiones legales para recuperar su visa estadounidense— este nuevo fragmento abre interrogantes mucho más delicadas. En la conversación se escucha a la gobernadora preguntar si las autoridades estadounidenses pretenden fincarle cargos, imponerle sanciones de la Office of Foreign Assets Control (OFAC) o incluso solicitar su extradición. También habla de reuniones previas con agencias de Estados Unidos y manifiesta su disposición a compartir información conocida gracias a su participación en las mesas de seguridad.
El audio no demuestra, por sí mismo, que Marina del Pilar haya cometido un delito, pero precisamente por el contenido de la conversación, las autoridades federales tendrían que investigar. Sin embargo, esa no fue la reacción del gobierno. En la conferencia matutina de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum optó por minimizar el contenido del audio y señaló que en las mesas de seguridad no se comparte información que comprometa la seguridad nacional.
Sorprende la velocidad con la que el gobierno salió a construir una defensa política sin siquiera investigar. No es que Marina del Pilar deba ser condenada anticipadamente por esta grabación, todo ciudadano tiene derecho a la presunción de inocencia, pero ello no significa inmunidad. Si existen elementos que generan dudas razonables, la obligación del Estado es investigarlos, no descalificarlos, más aún cuando se trata de una gobernadora que por participar diariamente en mesas de seguridad tiene acceso a información reservada.
Además, la diferencia de trato con los gobiernos de oposición resulta imposible de ignorar. Basta recordar la reacción del oficialismo frente a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. La supuesta participación de instancias norteamericanas en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio hizo que desde el oficialísimo la señalaran por “permitir una intromisión que pusiera en riesgo nuestra soberanía”. Incluso la Fiscalía General la llamó a declarar al respecto y desde Palacio Nacional hubo descalificaciones, señalamientos y el intento de dañar su reputación.
Hoy ocurre exactamente lo contrario. Frente a una gobernadora de Morena cuya propia voz expresa preocupación por posibles cargos, sanciones financieras y una eventual extradición, la respuesta oficial no es exigir explicaciones ni anunciar una investigación, por el contrario, salen a protegerla. Ese doble rasero, el que aplican también para el caso del gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, es el que daña la confianza en nuestras instituciones.
La cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad es indispensable. Lo que no puede normalizarse es la sospecha de que información obtenida por razón del cargo pudiera utilizarse para resolver un problema jurídico personal. Si eso ocurrió tendrían que haber consecuencias legales, por ello, resulta inaceptable que el gobierno pretenda cerrar el caso antes de abrirlo. La Fiscalía General de la República ha iniciado investigaciones contra opositores por hechos mucho menos documentados públicamente. ¿Por qué aquí habría de actuar distinto? ¿Por qué la prudencia jurídica aparece solamente cuando los señalamientos alcanzan a un integrante de Morena?
La presidenta suele repetir que en México ya no hay privilegios y que todos somos iguales ante la ley. Es una buena oportunidad para demostrarlo. La igualdad ante la ley exige exactamente el mismo estándar para todos. De no investigar quedará claro una vez más que la diferencia entre pertenecer a Morena y pertenecer a la oposición no es solamente política, sino también judicial. La justicia deja de ser justicia cuando cambia según el color del partido y cuando la ley se convierte en un privilegio para los cercanos al régimen.
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