El caso de Ismael El Mayo Zambada terminó mostrando mucho más que el destino judicial de uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo. También dejó una lección sobre un tema que rara vez ocupa los titulares: la fortaleza de las instituciones cuando son capaces de sobrevivir a los cambios de gobierno.
La captura de El Mayo ocurrió en julio de 2024, durante la administración de Joe Biden. Su proceso judicial continuó durante meses. Su declaración de culpabilidad y la ruta hacia una sentencia que prácticamente garantiza que pasará el resto de su vida en prisión ocurrieron ya bajo el gobierno de Donald Trump.
Cambió el presidente.
No cambió el caso. No cambió el tratamiento que por ley se le debe dar a un delincuente.
Más allá de las diferencias políticas entre ambos gobiernos o de la controversia que rodeó su captura, hay un hecho que merece atención: las agencias encargadas de investigar y perseguir al crimen organizado mantuvieron el rumbo. El expediente sobrevivió al cambio de administración.
Eso dice mucho más de las instituciones que del propio capo.
Las democracias cambian de gobierno. Es parte de su esencia. Lo que no debería cambiar son las capacidades del Estado para perseguir objetivos estratégicos que requieren años, incluso décadas.
Las elecciones sirven para decidir quién gobierna, no para reiniciar al Estado.
Y, sin embargo, esa tentación aparece con frecuencia. Cada administración llega con nuevos nombres para las “estrategias”, nuevos equipos, nuevas estructuras y nuevas prioridades. Innovar es necesario. Lo preocupante es cuando también se reemplaza la memoria institucional, como si todo lo construido antes dejara automáticamente de tener valor.
El crimen organizado no funciona así.
No hace pausas porque haya elecciones. No espera la toma de protesta de un presidente para seguir moviendo dinero, drogas o armas. No suspende sus redes de corrupción mientras se reorganiza un gabinete.
El crimen piensa en décadas.
Por eso las instituciones también tendrían que hacerlo.
No se trata de idealizar a Estados Unidos. Tiene enormes responsabilidades en el fenómeno del narcotráfico. Es uno de los principales mercados consumidores de drogas del mundo; de su territorio provienen miles de armas que terminan en manos de organizaciones criminales en México, y también enfrenta importantes desafíos para combatir el lavado de dinero.
Pero reconocer esas responsabilidades no impide reconocer otra realidad: ha construido instituciones capaces de sostener investigaciones complejas a través de distintos gobiernos. Los presidentes cambian. Las agencias permanecen. Los fiscales continúan. Los expedientes avanzan.
Esa continuidad parece un detalle administrativo. En realidad, es una ventaja estratégica.
La seguridad pública no se construye en el tiempo que dura una campaña electoral ni se consolida en un solo sexenio. Formar policías profesionales, fortalecer fiscalías, desarrollar inteligencia, seguir el dinero de las organizaciones criminales y recuperar territorios exige constancia. Exige paciencia. Exige instituciones que no dependan del calendario político.
Quizá esa sea la enseñanza menos comentada del caso de El Mayo Zambada.
Más allá del destino de un narcotraficante, nos recordó que las instituciones verdaderamente fuertes no son las que nunca cambian.
Son las que saben cambiar de gobierno sin perder el rumbo.
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