Estados Unidos decidió no acompañar la intención de México y Canadá de extender el T-MEC por 16 años más. Al no haber consenso, los tres países deberán reunirse cada año durante el resto de su vigencia. El tratado sigue vivo hasta 2036, pero transitamos de un horizonte de certidumbre de largo plazo a una década de exámenes anuales mucho más dependientes de factores como los ciclos electorales.
La revisión constante nos coloca en una posición de mayor vulnerabilidad. Los aranceles impuestos a través de la Sección 232 ya gravan con 50% al acero y al aluminio y podrían extenderse a otros bienes. El mecanismo laboral, así como el incumplimiento de compromisos en el sector energético, se convierten en herramientas de presión política para las negociaciones sucesivas.
En cada reunión se abre la posibilidad de introducir nuevas exigencias para México: no sólo en materia comercial, sino también en áreas de la relación bilateral como migración, seguridad o combate al crimen organizado.
En ese contexto, la continuidad de la integración comercial de América del Norte debe ser una prioridad de Estado. Sin embargo, es conveniente contemplar con pragmatismo dos rutas adicionales:
Primero, la diversificación. Eso no implica sustituir a EU, sino reducir la vulnerabilidad que supone depender de un solo mercado. El Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea es un buen primer paso: elimina los aranceles para más de 80% de nuestros productos agroalimentarios, nos brinda acceso preferencial a un mercado de 450 millones de personas y crea condiciones para que nuestros socios europeos amplíen sus inversiones en el país.
Segundo, el desarrollo de nuestra capacidad productiva. Nuestra región sigue siendo dependiente de Asia en sectores como los componentes electrónicos. Cerrar esa brecha exige consolidar ecosistemas industriales fuertes. México tiene una gran oportunidad en la industria de los semiconductores, con Jalisco como punta de lanza. Es urgente articular capacidades públicas y privadas para desarrollar una política industrial que trascienda la lógica sexenal (como argumenté en febrero pasado en este mismo espacio, “Debemos mirar a Vietnam”).
Diversificar sin producir sólo nos vuelve dependientes de nuevos mercados. Producir sin diversificar sólo concentra costos y riesgos. El crecimiento sostenible exige avanzar por ambas rutas al mismo tiempo.
Finalmente, no podemos dejar de insistir en la necesidad de reconstruir la certidumbre jurídica interna como condición de posibilidad para cualquier proyecto sustentable. Sin un piso mínimo de confianza institucional, ningún tratado y ninguna política industrial serán suficientes.
El T-MEC sobrevivirá hasta 2036 casi con certeza. Lo que aún está por definirse es si, para entonces, México podrá sentarse a negociar con su socio en términos de mayor equilibrio o si llegará a aceptar las exigencias que éste le imponga. Tenemos 10 años para decidirlo.
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