Hay un eslabón de la seguridad pública del que casi nadie quiere hablar. No porque no sea importante, sino porque resulta incómodo. Durante décadas, México ha normalizado el asesinato de policías como si fuera una consecuencia inevitable de combatir a la delincuencia. Cada vez que un uniformado pierde la vida, la noticia ocupa unas horas los encabezados, se ofrecen condolencias, se promete una investigación y todo sigue igual. El país continúa su marcha hasta que aparece la siguiente tragedia.
Ese silencio colectivo ha convertido una de las mayores tragedias institucionales de México en una estadística más. Ese es, precisamente, el problema. Un policía asesinado no representa únicamente una vida perdida. Representa una agresión directa contra el Estado. Es la demostración de que un grupo criminal decidió desafiar a la autoridad y creyó tener la capacidad para hacerlo. Cuando eso ocurre de manera recurrente, la discusión ya no debería quedarse solamente en el homicidio. Debería obligarnos a preguntar qué tan fuerte o qué tan debilitado se encuentra el Estado mexicano.
La organización Causa en Común, que desde hace años documenta con seriedad estos casos, reportó 165 policías asesinados en el país entre el 1 de enero y el 25 de junio de este año. Son casi seis elementos por semana. Detrás de cada uno hay hijos que perdieron a un padre o una madre, familias que recibieron la peor noticia de sus vidas, compañeros que volvieron a montar una guardia de honor y comunidades que perdieron a quienes tenían la responsabilidad de protegerlas.
No se trata de un problema exclusivo de un gobierno o de un partido político. Es una deuda histórica del Estado mexicano. Durante años hemos exigido mejores policías, pero muy pocas veces nos hemos detenido a pensar cómo tratamos a quienes aceptan asumir esa responsabilidad. Les pedimos enfrentar organizaciones criminales cada vez más violentas, mientras seguimos quedando a deberles reconocimiento, respaldo para sus familias y la certeza de que atentar contra un policía tendrá consecuencias ejemplares.
Baja California volvió a poner esta tragedia sobre la mesa. Seis policías estatales han sido asesinados durante 2026. Cuatro de ellos en los últimos dos meses. Los dos ataques más recientes, ocurridos el 26 y 27 de junio en Mexicali, tuvieron un elemento todavía más doloroso. Los agentes fueron ejecutados junto con sus respectivos cónyuges. Detrás de cada cifra hay hijos que perdieron a sus padres, familias destrozadas y una institución que recibe un golpe directo a su moral y a su capacidad de respuesta. Cuando los ataques contra policías comienzan a multiplicarse, el mensaje del crimen organizado es inequívoco. No busca solamente eliminar a un adversario. Busca intimidar a quienes aún portan el uniforme, sembrar miedo dentro de las corporaciones y desafiar abiertamente la autoridad del Estado.
Mientras millones de personas disfrutan el ambiente del Mundial, miles de policías, soldados, marinos, integrantes de la Guardia Nacional, bomberos y cuerpos de emergencia trabajan jornadas extraordinarias para proteger estadios, carreteras, aeropuertos, zonas turísticas y espacios públicos. Si hasta ahora el torneo ha transcurrido en un ambiente razonablemente estable, buena parte del mérito pertenece a esos hombres y mujeres que viven la fiesta desde el uniforme y no desde las tribunas. Ellos no aparecen en las transmisiones ni levantan trofeos, pero su profesionalismo permite que millones disfruten con tranquilidad una celebración de dimensiones históricas.
Gobernar implica muchas responsabilidades, pero hay una que nunca debería olvidarse. Honrar, respaldar y proteger a quienes arriesgan la vida en nombre del Estado. Un gobernante puede equivocarse en una política pública o en una decisión administrativa. Lo que nunca debería perder es la sensibilidad frente al sacrificio de quienes sirven bajo su mando.
Cuando un delincuente decide asesinar a un policía, no solamente arrebata una vida. También pone a prueba la capacidad del Estado para proteger a quienes lo representan. Mientras México siga viendo esos asesinatos como una estadística más, seguiremos ignorando uno de los síntomas más claros del deterioro institucional que arrastramos desde hace muchos años.
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