Mario Villanueva, el entonces gobernador de Quintana Roo (1993-1999), fue investigado mientras estaba en el cargo.
Las indagatorias en su contra habían iniciado años antes y resultaron, con el tiempo, en uno de los expedientes mejor integrados y que daban cuenta de la colusión de políticos y criminales, en un territorio en el que operaba el Cártel de Juárez, en ese momento en ascenso.
Era una tarea delicada, porque nunca es fácil indagar a un gobernante y menos con los contactos y la capacidad de movilizar a la militancia que tenía Villanueva.
El gobernador compareció en dos ocasiones ante la PGR, la primera de ellas como testigo, de modo voluntario, y la segunda cuando ya tenía la soga en el cuello, la que se realizó en las oficinas del mandatario en Chetumal. Asistieron, el titular de la UEDO, José Trinidad Larrieta, acompañado José Luis Santiago Vasconcelos y Mariano Herrán Salvatti.
A los funcionarios federales, desde el aeropuerto los recibieron amplios grupos de personas que manifestaban el apoyo a Villanueva y denunciaban los excesos del centro y, en particular, del presidente de la República, Ernesto Zedillo.
El procurador Jorge Madrazo pidió que se mantuvieran las formas y se respetara el rango de Villanueva, quien contaba con fuero.
El tiempo jugaba en contra de Villanueva, porque su mandato estaba por concluir.
La PGR solicitó la orden de captura en el primer minuto después de la conclusión del periodo constitucional en el cargo.
La idea era capturarlo el día del cambio de poderes, pero Villanueva se había fugado días antes con ayuda de policías y funcionarios.
Por eso no asistió a la ceremonia en la que rindió protesta Joaquín Hendriks.
El caso es relevante porque se muestra que, cuando hay voluntad de castigar a personajes coludidos con el crimen, sí se puede.
Lo hicieron el procurador Madrazo y su equipo, en una coyuntura nada sencilla. Hay que destacar que el presidente Zedillo siempre los dejó actuar con libertad en el marco de la independencia técnica que entonces tenía el Ministerio Público.
Les habría salido más barato hacerse de la vista gorda y no enredarse en una agenda política en la que ya se percibían los cambios que vendrían en el año 2000.
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