Culiacán, Sin.- En Sinaloa los ciudadanos no confían en los partidos.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI 2025, levantada en diciembre pasado, investigó la confianza en 25 instituciones y actores sociales y el más bajo porcentaje, 21.9, correspondió a los partidos políticos. Por abajo del gobierno estatal, el Congreso y las policías.
Todavía peor, la confianza en ellos va en descenso, pues en 2021 era de 32.6.
El 85 por ciento de la población sinaloense percibe que la corrupción es una práctica frecuente o muy frecuente en los partidos.
El sistema de partidos en su conjunto es un componente de la narcopolítica que ha establecido las condiciones de la gobernanza criminal.
El Congreso ha aprobado unánimemente los presupuestos que presentó Rubén Rocha, que mantienen los recursos de la fiscalía, las policías locales y el Poder Judicial entre los más bajos del país para enfrentar a una expresión del crimen organizado de las más poderosas del mundo.
Un ejemplo: el presupuesto por cada habitante del Poder Judicial en Guanajuato es de 445 pesos; en Yucatán, 475, y en Baja California, 561. En Sinaloa, 309.
Todos los partidos han sido opción del crimen organizado para presentar políticos vinculados con él como candidatos y los han llevado a diputaciones y presidencias municipales. Luego de la escandalosa elección de 2021, ningún partido se deslindó de los vínculos ni ha expulsado por ello a nadie.
Los morenistas se pelean entre sí por los puestos, pero mantienen una absoluta unidad en torno a negar que exista una emergencia económica; a pesar de que se perdieron 27 mil empleos entre abril de 2024 y abril de 2026; y mantener la estrategia de seguridad que no ha funcionado, a pesar de no hay una tendencia decreciente sostenida de delitos.
No hay corriente alternativa a Rocha en Morena. Pelean puestos, pero todos aceptan y gozan el apoyo ilícito.
La separación entre ciudadanos y partidos es tan amplia como la retrata el INEGI.
Los políticos partidistas alcanzan sus objetivos comportándose como sus presidentes nacionales quieren y acceden a beneficios personales (o evitan problemas) siendo condescendientes con la gobernanza criminal (o no siendo obstáculos).
La gobernanza criminal en Sinaloa no ha tenido en los partidos un contrapeso institucional que aglutine intereses sociales legítimos, dé forma a la inconformidad y haga un programa alternativo que construya soluciones a los problemas sociales.
El ciudadano los ve como parte del problema.
Recomendar Nota
