La izquierda iberoamericana -y en particular organizaciones políticas reunidas alrededor del Foro de Sao Paulo y el Eje bolivariano- está entrando en una nueva espiral de riesgo estratégico con la extradición a Estados Unidos de Alex Saab y la imputación judicial al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Si estos asuntos evolucionan hacia procesos judiciales que aporten pruebas contundentes sobre transferencias, simulación de contratos, desvío de recursos públicos y mecanismos de financiamiento político transnacional ilegal, entre otros, no sería temerario apostar por el derrumbe de esa red político-ideológica construida durante las últimas décadas.
Creado en 1990 por el Partido Comunista de Cuba y el de los Trabajadores de Brasil, el Foro de Sao Paulo surgió con el propósito de articular a partidos y movimientos de izquierda latinoamericanos frente a los avances del liberalismo económico en la región. Al irse fortaleciendo, incorporó a diversas fuerzas políticas -entre ellas, y de manera destacada, al chavismo- y favoreció vínculos con regímenes autoritarios y actores políticos afines fuera de América Latina, incluidos algunos de Oriente Medio.
De llegar a confirmarse actos ilícitos derivados de alianzas políticas, financieras o de propaganda internacional que hoy están bajo escrutinio a través de figuras como Saab o Rodríguez Zapatero, se podría desencadenar una crisis de legitimidad moral con efectos negativos en la narrativa ética de esta red que ha basado su discurso en erigirse representante de la regeneración moral de la política, de la lucha contra las élites corruptas, de la defensa de los pobres y de la soberanía popular frente a intereses económicos.
Es posible que en términos de percepción pública los casos judiciales se integren a los de Maduro, Raúl Castro, narcopolíticos, más lo que se acumula cada semana. Sería probable, entonces, que se cumpliera la profecía del desmantelamiento de la superioridad moral esgrimida. Solo hay que recordar que la historia registra que hay contradicciones morales más destructivas que fracasos administrativos.
Además, algunos analistas, teniendo como referente la experiencia con Odebrecht, adelantan que la información surgida de los numerosos juicios abriría la puerta a una judicialización transnacional: investigaciones simultáneas en varios países, cooperación entre fiscalías, congelamiento de activos, sanciones financieras, restricciones migratorias o, incluso, más incursiones como la estadounidense en Venezuela.
La posible revisión internacional de las redes ligadas al Eje bolivariano podría alcanzar no solo a ciertas figuras de Morena y PT integrantes del “club”, sino presionar aún más al gobierno de Sheinbaum y su ya delicada relación con Estados Unidos. El oficialismo tendrá mayores incentivos para intensificar la estridente y tramposa cantaleta de la soberanía y continuar victimizándose. Sin embargo, hay otro escenario en el que ya está instalada la interrogante sobre la extensión y alcances de las redes de complicidad política, financiera y criminal construidas al amparo de las afinidades ideológicas.
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