Lo ocurrido en Chihuahua, además de las consecuencias legales, políticas y diplomáticas que llegue a alcanzar, está exhibiendo algo más que la erosión de la credibilidad del gobierno mexicano y la inoperancia de mantener una estrategia de comunicación -más de campaña electoral que de gobierno-, orientada en mantener la cohesión de su base política. Continuar eludiendo responsabilidades y convertir el episodio en oportunidad electoral puede convertirse en riesgo. Es muy posible que estemos llegando, al fin, a un punto de quiebre del modelo de la propaganda oficial. Este evento no es solo uno más en la larga lista de la crisis de seguridad, sino implica una mayor dimensión por su carácter internacional.
Durante las últimas semanas hemos comprobado que el gobierno no comunica para explicar, sino para administrar costos políticos. Pero negar, minimizar y responsabilizar a otros, está dejando de ser funcional. El margen de maniobra se reduce cuando hay más actores o autoridades involucradas, con información propia, que desmienten y evidencian engaños. Así lo hemos visto en casos tan emblemáticos como distintos.
Igual que en el affaire de las piernas en Palacio o las vergonzosas versiones sobre el caos en Pemex (derrames, incendios, explosiones), el guion se repitió. Las primeras declaraciones y reacciones no aclararon sino confundieron, recibimos información fragmentada. Autoridades estatales, federales y actores internacionales han aportado versiones divergentes, no hay -todavía- una historia coherente.
El caso Chihuahua introduce un nuevo factor: la relación con el Estados Unidos gobernado por Trump y en medio de la revisión del tratado comercial. En este marco, las inconsistencias en el manejo comunicativo abren otro frente de desconfianza externa. Los hechos conocidos hasta el momento conducen a innumerables preguntas: ¿de qué sirven las reuniones de seguridad diarias en la madrugada, si la presidenta no cuenta con información precisa y oportuna sobre lo que sucede en el país?, ¿dónde están fallando los sistemas de inteligencia?, ¿existen grietas entre las instituciones encargadas de la seguridad que provocan filtraciones informativas y/o desconfianza para compartir la agenda de operativos?, ¿hay seguimiento de los contenidos y actividades derivadas de los acuerdos y convenios entre estados de México y Estados Unidos?...
Pero reducir el problema a la narrativa no basta. Este asunto expone una fractura operativa más profunda y pone de manifiesto una falla persistente en la coordinación entre instituciones e instancias de gobierno. En esta ocasión, el componente delicado es el de la participación de agentes extranjeros en tareas de seguridad nacional, que podrían haber rebasado el marco legal que las encuadra. Chihuahua no es un caso aislado y la opacidad oficial impide entender hasta dónde los operativos contra el crimen organizado que han regresado están siendo controlados por las instituciones mexicanas.
Chihuahua está desbordando al discurso. Lo grave hoy es que detrás de cada versión no hay solo errores de comunicación, sino la imposibilidad de ocultar la falta de coordinación. Lo grave es que las dudas en la palabra del gobierno se están traduciendo en desconfianza sobre su capacidad para gobernar.
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