El hijo prófugo de “El Chapo” busca una entrega negociada con EU, revela LA Times

Iván Archivaldo Guzmán Salazar, identificado como líder de la facción de “Los Chapitos” del cártel de Sinaloa y uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán que permanece prófugo, ha sostenido contactos con autoridades de Estados Unidos para explorar una posible entrega negociada, en medio de la investigación que vincula al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya con esa organización criminal.

De acuerdo con el reportaje de Los Angeles Times, “dos fuentes familiarizadas con los casos en curso” señalaron que Guzmán Salazar y su hermano “han estado en contacto con las autoridades estadounidenses sobre la posibilidad de una rendición negociada”, y que dichas conversaciones “llevaban un año en marcha”.

El caso se desarrolla en paralelo a la acusación presentada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra Rocha Moya, así como contra nueve funcionarios y exfuncionarios de su administración.

Según el Departamento de Justicia, Rocha Moya está acusado de colaborar con el cártel de Sinaloa y de haber permitido que la organización operara “impunemente” tras recibir apoyo para su elección mediante intimidación y violencia electoral.

La investigación ubica a Guzmán Salazar como una figura central en esa red. La acusación sostiene que ordenó a su estructura de “sicarios” ejecutar una campaña de violencia para asegurar la elección de 2021 en Sinaloa.

El reportaje detalla además la participación de otros integrantes clave del grupo criminal. Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” y ahijado de Ismael “El Mayo” Zambada, fue quien —según la versión de Zambada— lo secuestró y lo entregó a autoridades estadounidenses. Posteriormente, Guzmán López alcanzó un acuerdo de culpabilidad en Estados Unidos, en el que se establece que actuó “con la esperanza de recibir crédito de cooperación”.

Por su parte, Ovidio Guzmán López, también hijo de “El Chapo” y miembro de “Los Chapitos”, se encuentra bajo custodia estadounidense desde 2023 y se declaró culpable de diversos cargos, con documentos judiciales que indican que también coopera con las autoridades.

En el centro del entramado aparece Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, quien fue trasladado a Estados Unidos tras el secuestro. En su declaración ante la corte federal de Brooklyn, reconoció que su operación criminal dependía de “pagar sobornos a mandos policiales y militares y a políticos para que nos permitieran operar libremente”.

El caso también menciona a Héctor Melesio Cuén Ojeda, político rival de Rocha Moya, quien —según el testimonio de Zambada— fue asesinado durante los hechos relacionados con su secuestro.

Asimismo, se identifica a Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “Jondo”, piloto vinculado a Guzmán Salazar, quien se declaró culpable en Estados Unidos y admitió trabajar directamente para él, supervisando aeronaves y transportando drogas y armas.

El reportaje añade que el abogado de Zambada, Frank Perez, negó que su cliente haya alcanzado un acuerdo de cooperación con el gobierno estadounidense, al señalar que tales versiones son “categóricamente falsos” y que “no coopera con el gobierno de Estados Unidos en ninguna capacidad”.

En este contexto, la posible negociación de Guzmán Salazar se enmarca en una dinámica de presiones judiciales y acuerdos de cooperación entre integrantes del cártel. El propio reportaje advierte que la acusación contra Rocha Moya “ha agitado la política mexicana” y que autoridades estadounidenses anticipan que podrían presentarse nuevos cargos contra otros funcionarios vinculados a esta red.

La investigación sigue abierta, con procesos simultáneos en Estados Unidos que involucran a líderes del cártel de Sinaloa, sus operadores y funcionarios señalados por presuntos vínculos con la organización.

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