El llamado “plan B” de la reforma electoral impulsado por Claudia Sheinbaum no es una respuesta a una demanda ciudadana ni una apuesta por mejorar la calidad democrática del país, es, en esencia, una reacción política a una derrota legislativa. Tras no lograr los votos necesarios para modificar la Constitución, el oficialismo optó por una ruta alterna que no corrige los problemas del sistema electoral, sino que busca reconfigurar las reglas para preservar —y reforzar— el control del poder.
Este es el punto de fondo que no debe perderse: Morena no está intentando mejorar la democracia, está intentando administrarla en función de sus intereses. El plan B no es una reforma democratizadora, sino un rediseño institucional orientado a fortalecer la posición del Ejecutivo y reducir los contrapesos.
El origen de la iniciativa lo confirma, no nace de un diagnóstico serio sobre las fallas del sistema electoral, sino de la necesidad de cambiar la narrativa pública tras un fracaso político. No es una reforma estructural, es una maniobra de control de daños, y cuando una reforma electoral se diseña desde la urgencia política, su objetivo deja de ser el interés público y pasa a ser la conservación del poder.
Uno de los elementos más preocupantes es la transformación de la revocación de mandato. Concebida como un mecanismo de control ciudadano, el plan B la distorsiona al permitir que el propio Ejecutivo promueva su continuidad y reduzca los periodos de veda. En los hechos, esto la convierte en una campaña presidencial permanente disfrazada de mecanismo de participación ciudadana.
El problema es evidente, un gobierno con exposición diaria, control de agenda y acceso a recursos públicos no puede competir en condiciones equitativas si además se le permite promoverse activamente. Esto rompe el piso parejo y consolida una ventaja estructural para quien gobierna. No es una competencia democrática; es un sistema diseñado para que el poder se reproduzca.
A esto se suma la posibilidad de empatar la revocación de mandato con las elecciones intermedias. Este diseño transformaría la elección en un plebiscito sobre la presidenta, desplazando el debate sobre propuestas y candidaturas y subordinando la pluralidad política a una lógica de ratificación del poder.
El discurso de austeridad, además, encubre una lógica preocupante, bajo el argumento de reducir costos, la reforma plantea recortes que en realidad debilitan a las instituciones electorales y a los contrapesos locales. Menos recursos, más presión política y mayor centralización. No es eficiencia democrática, es concentración de poder.
Pero la omisión más grave es lo que la reforma decide ignorar. En un país donde la infiltración del crimen organizado en la política es uno de los mayores riesgos para la democracia, el plan B guarda silencio. No hay propuestas para frenar el financiamiento ilegal ni para evitar la captura criminal de candidaturas. Es una reforma que evade deliberadamente el problema más urgente. Esto no es accidental, combatir la narcopolítica implicaría establecer controles más estrictos y mecanismos de vigilancia que reducen la discrecionalidad del poder, y eso es precisamente lo que esta propuesta evita.
Dicho con claridad, el plan B no busca abaratar ni mejorar la calidad de nuestra democracia, busca reforzar el control del poder político desde el Ejecutivo, inclinando las reglas del juego a su favor.
México sí necesita una reforma electoral, pero una que enfrente los problemas reales: la intervención del crimen organizado, la manipulación de elecciones y la debilidad institucional. Una reforma que fortalezca la democracia, no que la administre, porque cuando las reglas se modifican para beneficiar al poder, la democracia deja de ser un contrapeso y se convierte en un instrumento de control.
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