El feminicidio de Edith no es un caso aislado. Es un síntoma, un espejo incómodo que refleja, una vez más, la incapacidad —o la indiferencia— de las instituciones encargadas de procurar justicia, de investigar y proteger la vida de las personas, y en particular de las mujeres, en la Ciudad de México. No es solo la violencia la que indigna, es la secuencia que la rodea: la omisión, la tardanza, la simulación de la autoridad repetida una y otra vez.
Edith desapareció y el reloj empezó a correr, pero no para la fiscalía, para su familia. Porque mientras la autoridad dudaba, condicionaba, pedía dinero para hacer su trabajo y retrasaba la búsqueda sentada detrás de un escritorio —como si la vida pudiera ponerse en pausa—, la familia entendió lo que en México ya es regla: si no buscas tú, nadie lo hará a tiempo.
Como en tantos otros casos, ante la denuncia de la familia la reacción de la fiscalía de la CDMX fue de indiferencia y corrupción. La negligencia convertida en rutina. La autoridad respondió que iniciaría la búsqueda cumplidas las 72 horas de la desaparición. Las primeras horas, esas que son cruciales en estos casos, se perdieron en la inercia institucional, como si el tiempo no fuera precisamente el factor que separa la vida de la muerte.
Frente a esta parálisis, la familia no tuvo más alternativa que convertirse en fiscalía: investigar, rastrear, presionar, reconstruir, hacer el trabajo que debería hacer el Estado, no por vocación, sino por desesperación. En este país, el dolor viene con la carga adicional de sustituir a la autoridad ausente, a aquella que constantemente falla.
Luego, ya sin vida Edith, pareciera más importante presentar resultados rápido que investigar a fondo. Casi como un guion repetido, aparece un detenido, en este caso el vigilante del edificio. ¿Será el culpable? ¿Estamos frente a la verdad o frente a la tentación institucional de cerrar el caso rápido? Cuando las instituciones pierden credibilidad, cada detención apresurada huele a simulación, a una justicia que no busca esclarecer sino apagar el escándalo y, como en miles de casos, se corre el riesgo de acabar fabricando culpables que después resultan ser chivos expiatorios, piezas útiles para calmar la indignación pública, mientras los verdaderos responsables quedan en la sombra.
No sería la primera vez, México tiene una larga historia de culpables construidos para dar respuestas inmediatas mientras la verdad queda enterrada y se perpetúa la impunidad estructural. El mensaje es claro: no importa quién fue, importa que alguien pague.
Lo que revela este caso más que una falla operativa es una falla estructural, un patrón. Una fiscalía que no actúa con inmediatez, que no investiga con rigor y que no protege con eficacia a las víctimas es una institución que incumple su razón de ser. Y cuando esa falla se vuelve recurrente, lo que tenemos no es negligencia sino un sistema roto. Un sistema que normaliza que las mujeres desaparezcan o que sean víctimas de feminicidio, que tolera que las familias suplan al Estado, que se conforma con verdades a medias. Hasta hoy solo tres funcionarios menores de la fiscalía han sido suspendidos, ninguno procesado por señalamientos de corrupción y grave negligencia.
Edith no llegó, y en esa frase hay una condena colectiva. No llegó ella, pero tampoco llegaron las miles de mujeres que han sido asesinadas, violadas o desaparecidas. No llegan las respuestas, no llega la justicia, no llega tampoco la atención oportuna del Estado cuando una familia acude desesperada a denunciar. No llega la promesa de una ciudad y de un país donde las mujeres y nuestra seguridad sean prioridad.
Con la presidenta no llegamos todas.
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