Una decena de políticos de Morena ya colabora con autoridades de Justicia de EU, revela NYT

Al menos una decena de políticos mexicanos, varios de ellos pertenecientes a Morena, han buscado acercamientos con autoridades estadounidenses para compartir información sobre otros integrantes de la clase política del país. Así lo revela una investigación publicada este sábado por The New York Times, que cita a más de una decena de personas con conocimiento de las conversaciones, quienes hablaron bajo condición de anonimato debido al carácter confidencial de los contactos.

La administración del presidente Donald Trump ha intensificado las investigaciones sobre posibles actos de corrupción y colaboración entre funcionarios mexicanos y grupos del narcotráfico, mientras el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha denunciado como una "injerencia" las investigaciones de Estados Unidos sobre presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y organizaciones criminales.

En ese contexto, añade el reportaje, algunos servidores públicos habrían optado por colaborar con las autoridades estadounidenses, en parte para adelantarse a investigaciones que temen puedan alcanzarlos en el futuro.

La publicación señala que esta dinámica se produjo después de que Estados Unidos acusara a diez funcionarios mexicanos, en activo y retirados, de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa, uno de los cárteles más poderosos del país. Asimismo, sostiene que la DEA emprendió contactos privados con funcionarios mexicanos para alentarlos a proporcionar información.

Para el analista político Carlos Bravo Regidor, citado por el periódico estadounidense, las revelaciones evidencian tensiones internas dentro del partido gobernante.

"El cierre de filas a que convoca la presidenta desde arriba no se corresponde desde abajo. Hay gente abajo que es parte de la propia escena que, lejos de cerrar filas con la presidenta, va corriendo a Estados Unidos para salvar su pellejo", declaró al diario.

La investigación sostiene que, de consolidarse la cooperación de funcionarios mexicanos con las autoridades estadounidenses, podría generarse un efecto de nuevas colaboraciones y testimonios que profundizarían las pesquisas sobre corrupción y presuntos nexos con el crimen organizado dentro de la clase política mexicana.

En las últimas semanas, la presidenta Sheinbaum ha rechazado las exigencias de Washington para detener al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de que fiscales estadounidenses lo señalaran de presuntamente proteger al cártel de su estado a cambio de apoyo electoral, acusaciones que el mandatario estatal ha rechazado.

La mandataria federal ha sostenido que Estados Unidos no ha presentado pruebas suficientes y ha cuestionado las motivaciones de las investigaciones.

"¿Es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada? ¿O quizá estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones del 2026?", expresó el mes pasado.

"Ya no estamos hablando de cooperación, estamos hablando de injerencia", añadió.

Según The New York Times, las investigaciones estadounidenses también tendrían entre sus objetivos a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, ambos de Morena, quienes han negado cualquier vínculo con el narcotráfico. El diario refiere que el gobierno estadounidense considera el combate a la corrupción como un elemento central para enfrentar el problema de los cárteles mexicanos.

La publicación concluye que el avance de estas investigaciones coloca a la administración de Claudia Sheinbaum en una posición particularmente compleja: mantener la cooperación bilateral en materia de seguridad con Estados Unidos y, al mismo tiempo, enfrentar las repercusiones políticas de pesquisas que alcanzan a integrantes de su propio movimiento.