Cinco estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos han sido asesinadas en los últimos 17 meses. La más reciente, Claudia Tacoronte Aguilera, una joven española de intercambio de 21 años, fue victimada el 12 de septiembre, en Cuautla. Su muerte me hizo volver la mirada hacia un mecanismo que conozco desde sus orígenes: la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).
Cuautla es uno de los ocho municipios de Morelos sujetos a alerta desde el 10 de agosto de 2015. Once años después, la alerta sigue encendida. ¿Qué significa una alarma que puede permanecer activa durante más de una década?
El mecanismo nació hace casi 20 años. Fue incorporado en 2007 a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, durante el gobierno de Felipe Calderón. Sin embargo, transcurrieron ocho años antes de que se declarara la primera.
Recuerdo bien la etapa en que comenzó realmente a funcionar. Lorena Cruz presidía el Instituto Nacional de las Mujeres durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La primera alerta fue declarada el 31 de julio de 2015 en 11 municipios del Estado de México. Diez días después siguió Morelos.
No fue un comienzo terso. Durante años, solicitar una alerta significaba abrir un conflicto político. Los gobiernos estatales se defendían, discutían cifras, rechazaban señalamientos y buscaban evitar la declaratoria. Recibir una alerta se percibía casi como una vergüenza por su significado: el gobierno federal reconocía públicamente una situación grave de violencia contra las mujeres en determinado territorio.
Mucho ha cambiado desde entonces. Hoy existen 26 Alertas en 23 entidades federativas. El mecanismo se institucionalizó, con medidas, evaluaciones, informes y recursos presupuestales.
Fue bueno que la alerta dejara de ser rehén del conflicto político. Pero algo se perdió en el camino: dejó de alarmar.
La actual gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, recibió en octubre de 2024 una Alerta que llevaba ya nueve años vigente. No pueden atribuírsele los incumplimientos acumulados durante ese largo periodo. Pero casi dos años después, la pregunta corresponde ya también a su gobierno: ¿qué falta para que Morelos pueda salir de la alerta?
No es un caso aislado. Desde que comenzaron las declaratorias no encontramos una sola alerta que haya sido levantada completamente. Hay experiencias de cumplimiento parcial, como Campeche, y de levantamiento territorial, como en tres municipios de San Luis Potosí. Pero ninguna entidad ha podido decir todavía: “cumplimos, salimos de la alerta”.
Aquí aparece otra paradoja.
En 2026 el gobierno federal destinó alrededor de 131 millones de pesos a acciones derivadas de las alertas. Para los mecanismos estatales para el adelanto de las mujeres —secretarías e institutos generalmente pobres en recursos— esos subsidios financian capacidades que difícilmente tendrían de otra manera.
Surge entonces una pregunta incómoda: si cumplir significa salir de la alerta, ¿quiere decir también perder recursos indispensables?
No encontré evidencia de que los estados prolonguen deliberadamente una alerta para conservar dinero. Sería irresponsable afirmarlo. Por fortuna, San Luis Potosí muestra otra posibilidad: los tres municipios que salieron de la Alerta en 2024 continuaron recibiendo acciones financiadas con recursos federales. Cumplir no tendría que significar perder las capacidades construidas.
Pero falta recuperar algo todavía más importante: el costo público del incumplimiento.
No propongo regresar a la vergüenza política de los primeros años. Si recibir una alerta equivale a una condena pública, el incentivo del gobernante sería nuevamente impedir que se declare. La pregunta debe trasladarse de la entrada a la salida.
Una vez al año, la Secretaría de las Mujeres podría presentar públicamente el estado de cada alerta: cuándo se declaró; qué medidas se han cumplido; cuáles permanecen pendientes; cuánto dinero federal y estatal se ha gastado; qué resultados se han obtenido y qué falta para levantarla.
Y ponerle nombre a la responsabilidad. Que cada gobernadora o gobernador explique públicamente qué está haciendo para salir de la alerta.
El momento es particularmente interesante. De las 23 entidades con AVGM federal, 11 están gobernadas por mujeres. Ser mujer no garantiza una manera distinta de gobernar y varias de ellas heredaron alertas de muchos años. Pero su presencia sí genera una expectativa legítima de atención especial al problema.
La pregunta para ellas adquiere una fuerza particular: “usted es una mujer que gobierna un estado bajo Alerta de Violencia de Género. ¿Qué falta para que su estado pueda salir de ella?” Y la misma pregunta corresponde a los gobernadores.
La Secretaría de las Mujeres ha iniciado este año la revisión del reglamento que rige la alerta, sin modificaciones desde 2014. Es una oportunidad para algo más que actualizar procedimientos. Puede reconstruirse el incentivo: recursos para atender la emergencia, financiamiento transitorio para quien vaya cumpliendo y rendición pública de cuentas para quien no lo haga.
La alerta no debería avergonzar a un gobierno por recibirla. Debería incomodarlo mientras no consiga superarla.
Porque una alerta verdaderamente eficaz tendría que nacer pensando en el día en que pueda apagarse.
Recomendar Nota
