El Presupuesto de Egresos es el instrumento de política pública más importante que tiene un país. Ahí se decide qué hacer con los recursos que muchos aportamos mediante nuestros impuestos y, por tanto, cuáles son verdaderamente las prioridades nacionales.
Un presupuesto sano debe tener flexibilidad. Si aumenta la inseguridad, debe ser posible destinar más recursos a policías y ministerios públicos. Si faltan hospitales, hay que poder construirlos. Si las carreteras se deterioran, hay que conservarlas. Educación, salud, infraestructura y seguridad compiten todos los años por recursos escasos y las prioridades cambian.
El problema comienza cuando el presupuesto pierde esa capacidad de decisión y eso es exactamente lo que está sucediendo en México.
Para 2026, el gasto neto total aprobado asciende a 10.2 billones de pesos. Sin embargo, una proporción enorme está comprometida antes de que se pueda decidir qué hacer con ella.
Empecemos por las pensiones. Entre las contributivas —IMSS, ISSSTE y otros sistemas— y las no contributivas, el gasto ronda ya los 2.3 billones de pesos. Solamente la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores cuesta cerca de 619 mil millones. Y estas obligaciones seguirán creciendo por razones demográficas y por la ampliación de las transferencias universales.
Después viene la deuda. En 2026 destinaremos alrededor de 1.6 billones de pesos a su costo financiero. Son intereses y obligaciones que simplemente hay que pagar. Cada peso adicional de deuda contratado hoy significa menos libertad presupuestaria mañana.
A esto hay que agregar las participaciones federales que por ley hay que transferir a estados y municipios. Estas representan alrededor de 1.5 billones de pesos. Finalmente está la nómina pública: maestros, médicos, enfermeras, policías, soldados, marinos y miles de servidores públicos cuyos salarios ascienden a 1.3 billones, y no pueden simplemente dejar de pagarse.
El resultado es un presupuesto extraordinariamente rígido. Una proporción muy elevada del presupuesto está comprometida de antemano. Hoy 65% del presupuesto está comprometido. Los compromisos presupuestarios absorben prácticamente todos los ingresos tributarios y dejan un margen extraordinariamente pequeño para atender nuevas prioridades.
México prácticamente se gastó su margen de maniobra fiscal y lo desperdiciamos precisamente cuando todavía lo teníamos. Desde 2020 hemos contratado cantidades enormes de deuda y se están destinando recursos públicos a proyectos cuya rentabilidad económica y social es cuestionable. Ahí están el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Al mismo tiempo crecieron transferencias universales sin mecanismos suficientes de focalización, evaluación o corresponsabilidad.
Hoy las necesidades siguen ahí: carreteras que requieren mantenimiento, hospitales sin capacidad suficiente, escuelas que necesitan inversión y un país que exige mucha más seguridad. Pero cada vez quedan menos pesos disponibles para atenderlas.
Ante la dificultad de cobrar todavía más impuestos a una sociedad que ya financia estas obligaciones, la respuesta no puede ser seguir gastando igual. México necesita recuperar espacio fiscal. Eso exige contener el endeudamiento, revisar programas, evaluar resultados, focalizar subsidios y transferencias y destinar cada peso a donde produzca el mayor beneficio social. Porque un presupuesto en el que prácticamente todo está comprometido deja de ser un instrumento para escoger prioridades. Se convierte simplemente en una cuenta por pagar.
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