Un juez le dictó prisión preventiva; su defensa promovió un amparo por violaciones en su detención, entre ellas incomunicación y tortura
...
Un juez le dictó prisión preventiva; su defensa promovió un amparo por violaciones en su detención, entre ellas incomunicación y tortura
El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, fue trasladado este domingo al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, después de que un juez federal le dictara la medida cautelar de prisión preventiva por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Ruffo, junto con siete personas más, permanecerán en prisión preventiva, entre los señalados están Ricardo Thompson, José María de la Peña Ramos, Guillermo de la Peña Rosales, Juan Hermilio Chávez Rodríguez, Luis Antonio Barrientos Juárez, Adriana Magali Barcenas Gillén y José Merino Valdés Cuervo.
De los ocho imputados, cinco —incluido el exgobernador de Baja California— fueron trasladados al penal federal del Altiplano, en el Estado de México. Otros dos permanecerán bajo prisión preventiva en sus domicilios por motivos de salud, mientras que el octavo será ingresado al penal de Nezahualcóyotl.
Previo a su traslado, los implicados fueron sometidos a una revisión médica para luego abordar una unidad blindada.
En la audiencia –que duró más de 40 horas–, la FGR expuso más de una centena de pruebas en contra de los investigados, quienes estarían relacionados con el contrabando de más de dos mil 137 millones de litros de combustible.
De acuerdo con la fiscalía, la red operaba mediante el ingreso ilegal de combustibles al país a través de maniobras para engañar a las autoridades aduaneras.
Las investigaciones señalan que los cargamentos eran declarados con volúmenes inferiores a los reales o se hacían pasar por otro tipo de mercancías para evadir impuestos.
“Estas conductas delictivas generan una afectación económica directa para el país y, al mismo tiempo, constituyen una fuente de ingresos para organizaciones criminales”, explicó la FGR en un comunicado.
Por su parte, la defensa de Ruffo promovió un amparo tras denunciar presuntas violaciones a sus derechos durante su detención, entre ellas incomunicación, malos tratos, tortura y la posible imposición de la prisión preventiva oficiosa.
De acuerdo con Latinus, al conceder la suspensión de oficio y de plano, el juez ordenó cesar de inmediato cualquier acto de incomunicación contra el quejoso y garantizar que pueda comunicarse con sus familiares, entrevistarse con su defensa y realizar llamadas telefónicas, en caso de solicitarlo.
"Además, se precisa a las responsables que deberán garantizar en todo momento el cúmulo de derechos que tengan como fin conservar la dignidad, vida e integridad física del impetrante”, ordenó el juez Alejandro Latorre.
También podría interesarte:
Recomendar Nota
Contacto
