La JUFED advirtió que dicha decisión pone en riesgo la independencia de los juzgadores mediante un “ánimo represor” y de “consigna política”
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La JUFED advirtió que dicha decisión pone en riesgo la independencia de los juzgadores mediante un “ánimo represor” y de “consigna política”
Sergio Sigales Obrador se convirtió en el primer juez destituido e inhabilitado por el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), después de que en 2025 la presidenta Claudia Sheinbaum lo exhibió en la “mañanera” por liberar delincuentes.
El voto en contra de la magistrada Celia Maya, presidenta del TDJ, no fue suficiente para impedir la sanción al juzgador de Colima por modificar a la baja las penas negociadas entre la Fiscalía General de la República (FGR) y un grupo de imputados en cuatro procedimientos abreviados por delitos contra la salud, portación y posesión de armas de fuego.
Sigales Obrador, quien fue destituido e inhabilitado por un año, afirmó que el Tribunal de Disciplina Judicial le dio una “estocada” a la Reforma Judicial, mientras que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) advirtió que dicha decisión pone en riesgo la independencia de todos los juzgadores mediante un “ánimo represor” y de “consigna política” que podrían venir desde la Presidencia de la República.
La sanción contra el juez fue aprobada con los votos a favor de los magistrados Rufino León Tovar, presidente de la Comisión de Disciplina, y de Bernardo Bátiz Vázquez.
El procedimiento inició tras una queja enviada en octubre de 2025 al por Sheinbaum y la Secretaría de Marina; al resolver, el TDJ señaló que el impartidor de justicia incurrió en un notorio descuido y un error inexcusable, ya que no tenía facultades para modificar lo aprobado entre las partes.
Sigales Obrador todavía tiene un plazo de 15 días hábiles para impugnar dicha sanción a fin de que sea revisada por el pleno del TDJ; sin embargo, enfrenta además una denuncia penal ante la FGR.
Está citado el próximo 10 de diciembre para que comparezca en una audiencia en Nayarit, donde será imputado por delitos contra la administración de la justicia.
El juez acusó un “efecto corruptor” en su proceso disciplinario “por la orden dada desde el más alto cargo del Ejecutivo Federal para sancionarme por una libertad reciente, ratificada, en una versión diferente por el ejecutivo local de Colima”.
Dijo que se cometieron una serie de delitos en su contra y calificó la resolución como “cantinflesca y arbitraria”, porque carece de una congruencia interna y externa.
La JUFED expresó su preocupación por el fallo ante la posibilidad de que a partir de la misma “se refuerce un ánimo represor que, con sanciones definitivas hacia personas juzgadoras de carrera judicial, genere un clima de incertidumbre y zozobra que de alguna manera socave la independencia judicial”.
“Más aún cuando este procedimiento estuvo precedido por señalamientos y descalificaciones públicas emitidas desde las conferencias matutinas de la titular del Poder Ejecutivo Federal, lo que genera la sospecha de que el Tribunal de Disciplina Judicial está actuando por consigna política, atendiendo a intereses de esa índole y no bajo parámetros de imparcialidad e independencia”.
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