Contención macroeconómica choca con la sangría de las empresas estatales, el desmantelamiento de la transparencia pública y una crisis de seguridad
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Contención macroeconómica choca con la sangría de las empresas estatales, el desmantelamiento de la transparencia pública y una crisis de seguridad
Mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum rendirá su Informe y seguramente escucharemos cuántos pasajeros han subido al Tren Maya, cuántos vuelos realiza Mexicana, cuántos contenedores cruzan el Istmo, cuántos barriles procesa Dos Bocas y cuántos usuarios llegan al aeropuerto Felipe Ángeles.
Hay otra manera de medir esas obras: cuánto cuestan y cuánto dinero público necesitan para seguir funcionando.
El Tren Maya encabeza la cuenta. Tan sólo entre enero y junio de este año registró pérdidas por 5 mil 13 millones de pesos: 27.7 millones diarios. Desde su inauguración hasta junio pasado acumulaba pérdidas y gastos por 14 mil 104 millones frente a apenas mil 60 millones de ingresos. Y, paralelamente, el Presupuesto de 2026 contempla más de 30 mil 744 millones de pesos para la empresa Tren Maya.
Eso ocurre después de haber gastado alrededor de 500 mil millones de pesos en construirlo. El proyecto nació con una previsión cercana a 150 mil millones. Y la cuenta sigue creciendo: ahora se desarrolla también su infraestructura para carga.
Mexicana de Aviación ofrece una fotografía aún más sencilla. En los primeros seis meses de 2026 ingresó 270 millones de pesos y gastó 783 millones: perdió 513 millones. Por cada pasajero obtuvo mil 98 pesos, pero gastó 3 mil 188. Y mientras perdía esos 513 millones, recibió mil 242 millones de pesos mediante transferencias presupuestales, sin contar el esquema financiero utilizado para adquirir nuevos aviones.
El Tren Interoceánico tampoco se paga solo. El Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec obtuvo ingresos por unos 900 millones de pesos en 2025, pero sus gastos y otras pérdidas llegaron a mil 299 millones. Resultado: casi 399 millones de pesos en números rojos. La rehabilitación de las líneas del proyecto, originalmente presentada alrededor de los 20 mil millones de pesos, se estima ahora en aproximadamente 62 mil millones.
Dos Bocas requiere una precisión. Pemex no publica una pérdida operativa independiente que permita decir cuánto pierde exclusivamente esa refinería. Lo comprobable es su costo: un proyecto anunciado inicialmente alrededor de 8 mil millones de dólares ha llegado, de acuerdo con información de Pemex citada públicamente, a 20 mil 959 millones de dólares, más de 400 mil millones de pesos.
Y existe otra interrogante. Francisco Barnés de Castro, exdirector del Instituto Mexicano del Petróleo, calculó que si Pemex valuara a precio de mercado el crudo que transfiere a Transformación Industrial, el negocio de refinación habría perdido más de 100 mil millones de pesos únicamente durante el primer semestre de este año. La cifra corresponde a todo el sistema de refinación, no sólo a Dos Bocas, pero obliga a preguntar cuál es la verdadera rentabilidad de la nueva refinería.
El AIFA es distinto. Después de perder dinero inicialmente, comenzó a registrar utilidades. Sin embargo, al término de 2025 todavía acumulaba un saldo negativo aproximado de 792 millones de pesos desde su apertura, sin considerar subsidios y transferencias gubernamentales. Su construcción costó alrededor de 89 mil millones de pesos; la cifra oficial original, sin actualización inflacionaria, fue de 74 mil 535 millones.
Nadie sostiene seriamente que toda infraestructura pública deba producir ganancias. Un tren puede justificarse por desarrollo regional y un aeropuerto por conectividad. Pero precisamente por tratarse de dinero público, el gobierno tendría que informar cuánto cuesta producir cada uno de esos beneficios.
Así que en el Informe sería interesante escuchar no sólo pasajeros, kilómetros, vuelos y barriles.
También pesos.
Cuánto ingresan. Cuánto gastan. Cuánto pierden. Cuánto reciben del presupuesto.
La narrativa de la actual administración se centra en el incremento al salario mínimo, la contención del desempleo y una destacada baja en la incidencia delictiva general. Sin embargo, soslaya el desmantelamiento del andamiaje institucional independiente debido a la extinción de los órganos autónomos de transparencia y regulación comercial —bajo el argumento de la austeridad y la duplicidad de funciones—.
Para ello, se eliminaron los contrapesos diseñados para vigilar el ejercicio del poder público.
La concentración del control no solo debilita los mecanismos institucionales de rendición de cuentas, sino que consolida un esquema de opacidad que incrementa el riesgo de discrecionalidad en las compras públicas y deja sin defensas de acceso a la información a la ciudadanía.
La bandera principal del Gabinete de Seguridad es la disminución de los delitos, particularmente del 51 por ciento de los homicidios dolosos.
Sin embargo, este discurso tropieza con otros delitos de alto impacto como la extorsión y el "cobro de piso", mismos que continúan afectando a pequeños comerciantes, productores agrícolas y cadenas de suministro en diversas regiones.
El principal contrapunto al discurso de pacificación radica en la persistente crisis de desaparición de personas, una problemática donde los datos de colectivos de búsqueda y organizaciones civiles señalan una contradicción directa con la baja de los homicidios dolosos.
Y aunque el gobierno ubica el registro oficial en poco más de 132 mil personas sin localizar, informes independientes de organismos de derechos humanos advierten un incremento continuo de reportes que supera los 135 mil casos activos, empujado por dinámicas de reclutamiento forzado, trata y control territorial por parte del crimen organizado.
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