El vocero del colectivo Por Verdad y Justicia de los 43 acusó al gobierno de usar falsedades para ocultar su falta de voluntad de esclarecer el caso
El vocero del colectivo Por Verdad y Justicia de los 43 acusó al gobierno de usar falsedades para ocultar su falta de voluntad de esclarecer el caso

El gobierno federal y la Fiscalía General de la República (FGR) faltan a su obligación legal al frenar el envío de 114 restos óseos y petrosas a la Universidad de Innsbruck, en Austria, para determinar si son de los 43 normalistas de Ayotzinapa, argumentando la supuesta oposición de las familias.
La decisión no solo carece de sustento jurídico, sino que detiene la única vía científica para identificar los fragmentos, advirtió en entrevista para La Aurora Felipe de la Cruz, vocero del colectivo Por Verdad y Justicia de los 43.
Al reaccionar a lo revelado por el periodista Carlos Marín en su columna El Asalto a la Razón, en Milenio, donde expuso cómo el subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, y el fiscal especial, Mauricio Pazarán, dijeron que los análisis genéticos llevan años almacenados por la supuesta negativa de un sector de los padres, el representante desmintió que exista tal rechazo, al menos del colectivo que encabeza.
De la Cruz acusó a las autoridades del gobierno federal y de la FGR de recurrir a falsedades para ocultar la falta de voluntad oficial de llegar a la verdad en el caso de los 43 normalistas.
Expuso la falsedad del argumento oficial al precisar que el grupo al que las autoridades atribuyen la negativa dentro de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia se reduce a cinco familias, por lo que desmintió que exista un rechazo generalizado para avanzar en los peritajes genéticos.
"Nuevamente el gobierno y la fiscalía siguen mintiendo a los padres y a la opinión pública en esa parte de la oposición. Nosotros somos los más interesados en saber todo lo que se encuentre, muy bueno o malo; lo que queremos es llegar a la verdad.
“Definitivamente, a lo descarado siguen mintiendo. Si los restos no se han mandado –a la Universidad de Innsbruck– es porque no han tenido la voluntad de hacerlo, no porque los padres y madres se opongan a saber de quiénes se trata", aseveró.
En su columna, Carlos Marín detalló las afirmaciones de los funcionarios para evidenciar la parálisis institucional al final de la conferencia para dar a conocer los avances en las líneas de investigación del caso Iguala.
De acuerdo con lo expuesto en El Asalto a la Razón, el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob (que preside la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia) justificó la falta de peritajes.
Sostuvo que en las mesas de trabajo "algunos de los padres –y son integrantes de la Comisión– han dicho que no tienen certeza de su origen”, y dudan “que los restos aporten alguna información, porque los vinculan con la verdad histórica”.
Marín destacó la contradicción en la que incurrió el funcionario, pues en la misma comparecencia Medina admitió que “el fiscal no puede descartar un elemento de prueba” y que “ninguna persona está por encima de la ley, ninguna prueba tiene que ser excluida”.
Al respecto, De la Cruz criticó que a pesar de reconocer el marco legal, las actuales autoridades encargadas de resolver el caso terminaran sometiendo la procuración de justicia a la opinión de las partes, congelando la investigación genética.
El representante de Por Verdad y Justicia de los 43 enfatizó que la FGR incurre en una omisión grave al pretender trasladar la responsabilidad a las familias, pues la ley mandata agotar todas las pruebas de oficio sin someterlas a consulta ni consenso.
"En ninguna reunión que yo recuerde se tocó el tema de que ponían a disposición si se iba o no se iba a Innsbruck. Es más, ni tienen por qué poner a consideración de los padres esa parte de la investigación, porque es una obligación del gobierno y la fiscalía llevar a cabo todo lo que sea procedente para conocer los resultados.
“Al menos la postura de nosotros es que ninguna evidencia puede quedar excluida, porque entonces ya no se estarían haciendo bien las cosas", puntualizó.
Las 114 muestras paralizadas forman parte de más de 63 mil fragmentos recuperados durante las diligencias realizadas en la zona de Iguala, el basurero de Cocula y el río San Juan.
El representante dijo que frenar el peritaje no es un hecho aislado, sino parte de una dinámica de simulación institucional para prolongar el tiempo sin entregar resultados sobre el paradero de los estudiantes desaparecidos.
"Para nosotros ya no es novedad que sigan simulando hacer el trabajo para prolongar el tiempo. Quiero decirle que de nuestro grupo somos solo cinco familias y ya son ocho padres y madres de familia que han fallecido sin saber de sus hijos. Y muchos más que siguen enfermos por el tiempo y la edad. Entonces, es importante que todo lo que se encuentre se tenga que analizar. Seguiremos en espera de respuestas, ojalá y sí manden los restos a Innsbruck”, agregó.
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