Con la nueva reforma, que se prevé sea aprobada en septiembre, el régimen también busca excluir a la oposición de los comicios
Con la nueva reforma, que se prevé sea aprobada en septiembre, el régimen también busca excluir a la oposición de los comicios

El gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua avanzó este martes en una reforma constitucional que permitirá renovar el mandato presidencial sin necesidad de celebrar nuevas elecciones, una medida que, de concretarse, fortalecería más el control del oficialismo.
De acuerdo con el proyecto, la modificación establece que, una vez concluido un periodo presidencial de siete años, el mandato podrá renovarse mediante un procedimiento previsto en la Constitución, sin necesidad de que los nicaragüenses acudan nuevamente a las urnas.
“Nuestro sistema de Estado y gobierno de pueblo presidente propone ordenarse con periodo efectivo de siete años renovables”, explicó Gustavo Porras, presidente del Congreso.
Se tiene previsto que, para inicios de septiembre, la Asamblea Legislativa apruebe las leyes solicitadas por Ortega para que en las elecciones no participen “vendepatrias” ni “golpistas”, al servicio de Estados Unidos, según el régimen.
Además de este cambio, la reforma incorpora nuevos requisitos para quienes aspiren a la Presidencia, entre ellos no haber respaldado sanciones internacionales contra Nicaragua ni haber promovido acciones consideradas como intentos de desestabilización del Estado, disposiciones que podrían impedir la participación de figuras opositoras.
Rosario Murillo, copresidenta, explicó el lunes pasado que el proyecto de reforma fue compartido con el cuerpo diplomático y antes de su aprobación habrá consultas con varios sectores de la sociedad nicaragüense.
Sin embargo, sectores críticos consideran que las modificaciones consolidan un modelo de concentración del poder y dificultan la alternancia democrática, ya que profundizan el cierre de los espacios democráticos y reducen las posibilidades de una competencia electoral plural, en un contexto marcado por la persecución de opositores, periodistas y organizaciones civiles.
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