Aunque mantiene restricciones como la entrega de pasaporte y la prohibición de salir del país, la decisión reaviva críticas por privilegios judiciales en procesos de desaparición forzada y violaciones a derechos humanos.
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Aunque mantiene restricciones como la entrega de pasaporte y la prohibición de salir del país, la decisión reaviva críticas por privilegios judiciales en procesos de desaparición forzada y violaciones a derechos humanos.
Un juez federal decidió relajar las medidas cautelares contra el exprocurador Jesús Murillo Karam, acusado por el caso Ayotzinapa, al eliminar el uso de brazalete electrónico y el monitoreo de la Guardia Nacional, aunque mantiene restricciones como la entrega de pasaporte y la prohibición de salir del país. Esto, luego de que en pasados días se reportara como grave la salud del exfuncionario.
La resolución, que no implica absolución, reaviva el debate sobre privilegios judiciales en procesos emblemáticos de violaciones a derechos humanos.
La modificación de las condiciones de vigilancia sobre Murillo Karam marca un giro polémico en el proceso penal que enfrenta por su papel en la llamada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa. El juez determinó que ya no será necesario portar un brazalete electrónico ni estar bajo monitoreo permanente de la Guardia Nacional, medidas que habían sido impuestas para garantizar su localización. Sin embargo, el exfuncionario deberá seguir presentándose periódicamente ante la autoridad judicial, entregar su pasaporte, informar cualquier cambio de domicilio y permanecer localizable. Estas condiciones buscan asegurar que no evada el juicio, aunque la reducción de controles genera suspicacia en sectores críticos del sistema judicial.
Murillo Karam, detenido en agosto de 2022 y trasladado al Reclusorio Norte, permanece en prisión domiciliaria desde 2024 debido a complicaciones médicas que incluso han requerido hospitalización. La Fiscalía General de la República lo acusa de desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia, al considerar que fue pieza clave en la construcción de la narrativa oficial que intentó cerrar el caso de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014. La decisión del juez no altera el fondo del proceso ni representa una absolución, pero sí abre un flanco de crítica sobre la flexibilidad con que se aplican las medidas cautelares a figuras de alto perfil político.
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