La FGR lo responsabilizó únicamente por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, librándolo de los cargos de homicidio y lesiones
La FGR lo responsabilizó únicamente por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, librándolo de los cargos de homicidio y lesiones

Mientras Francisco Garduño Yáñez busca la exoneración definitiva por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez en 2023, el único alto funcionario del Instituto Nacional de Migración (INM) procesado por el siniestro es su mano derecha y exdirector de Control y Verificación, Antonio Molina Díaz.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) aprehendió en junio pasado al brazo operativo de Garduño Yáñez por su presunta vinculación en una red de corrupción atribuida a Genaro García Luna, secretario de Seguridad federal en el gobierno de Felipe Calderón, y no por la muerte de 40 migrantes ni por las graves lesiones de otros 27.
El hecho de que la FGR priorizara su captura por los nexos con García Luna, revela la falta de interés por hacer justicia a las víctimas del 27 de marzo de 2023, señaló Marcos Zavala, asesor jurídico de la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) y representante pro-bono de 19 afectados (10 sobrevivientes y nueve familias de fallecidos) de Honduras, El Salvador, Guatemala y Venezuela.
Como el principal operador de Garduño Yáñez, excomisionado del INM, Molina Díaz encabezaba la oficina con la mayor responsabilidad en las supervisiones de las instalaciones migratorias cuando ocurrió la tragedia humanitaria en la estación de Ciudad Juárez, donde decenas de migrantes estaban encerrados bajo llave.
No obstante, el exfuncionario fue beneficiado con la misma estrategia jurídica de Garduño, ya que la FGR lo responsabilizó únicamente por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, librándolo de los cargos de homicidio y lesiones por los que sí están encarcelados otros exservidores públicos.
Zavala explicó que ahora está en prisión preventiva por esta imputación en la causa penal 236/2023, aunque la medida cautelar le fue impuesta porque se sustrajo de la acción de la justicia por más de dos años.
El abogado aseguró que se cuenta con suficientes pruebas no sólo para que Molina Díaz vaya a juicio penal, sino para revertir durante la audiencia programada para este martes 1 de septiembre la suspensión condiciones del proceso que el juez de distrito Víctor Manlio Hernández Calderón otorgó a Garduño Yáñez.
“Uno de los propósitos es que el excomisionado sea juzgado y no salga por la puerta de atrás sin dar la cara a las víctimas y familiares”.
El pasado 2 de junio, la FGR capturó al exdirector de Control y Verificación migratoria como presunto responsable de integrar un entramado de corrupción que encabezó García Luna para desviar cinco mil millones de pesos a través de la construcción de penales federales.
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