El diputado del PRI plantea la creación de un procedimiento urgente de 90 días para casos que involucren niñas, niños o adolescentes
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El diputado del PRI plantea la creación de un procedimiento urgente de 90 días para casos que involucren niñas, niños o adolescentes
Con el objetivo de fortalecer la protección de las familias de personas desaparecidas en México, el diputado federal del PRI, Rubén Moreira Valdez, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa para reformar la legislación en la materia.
“Las familias no pueden seguir buscando solas lo que el Estado tiene la obligación de encontrar. Estas reformas no son solo técnicas legislativas: son el reconocimiento de que detrás de cada número hay una madre, un hijo, una historia que merece una respuesta del Estado mexicano”, dijo.
La iniciativa planteada retomar las observaciones emitidas en 2023 por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (CED), que alertó sobre la persistencia de una impunidad casi absoluta en los casos de desaparición en el país y llamó al Estado a emprender reformas legales de manera urgente.
Moreira Valdez propone establecer un procedimiento especial que permita resolver, en un plazo máximo de 90 días, los casos relacionados con niñas, niños y adolescentes, mujeres víctimas de violencia de género, personas migrantes, personas con discapacidad o aquellos en los que existan indicios de participación de servidores públicos.
Además, plantea que los derechos laborales y las prestaciones de seguridad social se activen de manera inmediata tras la denuncia de desaparición, evitando que las familias deban esperar seis meses para acceder a apoyo económico y atención médica.
De acuerdo con la reforma presentada, se obliga a la Secretaría de Gobernación (Segob) a expedir los reglamentos de la Ley y de la Comisión Nacional de Búsqueda. Asimismo, dispone que dicha dependencia sea la responsable de coordinar la implementación de las reformas y presentar un informe sobre sus avances.
En ese sentido, Moreira explicó que dicha iniciativa busca cerrar los vacíos en la ley, así como garantizar que la localización de una persona no extinga la obligación del Estado de investigar las circunstancias de su desaparición.
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