México vive una tragedia humanitaria que el Estado ha sido incapaz —y en muchos casos renuente— a enfrentar con seriedad. La desaparición de personas se ha convertido en uno de los rasgos más dolorosos de la crisis de seguridad del país. Las cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas muestran una realidad devastadora que supera las 120 mil personas desaparecidas que siguen sin ser localizadas. Lo más alarmante es que la cifra de desaparecidos es mayor durante los años de gobierno de López Obrador que sumados todos los sexenios anteriores.
Lejos de revertirse, la tendencia continúa. En lo que va del actual gobierno federal se han reportado más de 16 mil personas desaparecidas sin localizar, con un promedio cercano a mil desapariciones cada mes. Estas cifras no reflejan únicamente un problema de criminalidad, evidencian el brutal fracaso de la política de “abrazos, no balazos” que sostuvo AMLO y la incapacidad institucional para prevenir, investigar y sancionar este delito.
Durante años, Morena ha insistido en que las cifras de violencia heredadas del pasado explican la crisis actual. Sin embargo, los datos muestran que las desapariciones lejos de contenerse se han disparado y que enormes zonas del país han quedado bajo control de organizaciones criminales que operan con niveles alarmantes de impunidad. En ese contexto, la desaparición de personas se ha convertido en una práctica sistemática vinculada a disputas territoriales, trata de personas, reclutamiento forzado y violencia criminal.
Pero la tragedia no termina con la desaparición. El abandono institucional que enfrentan las víctimas y sus familias revela otra dimensión del problema: el fracaso del sistema de atención a víctimas en México. La Ley General de Víctimas, aprobada hace más de una década, estableció la creación de un Sistema Nacional de Atención a Víctimas y de comisiones ejecutivas en los estados. En la práctica, sin embargo, el sistema sigue operando con enormes carencias. A la Comisión Nacional le recortaron presupuesto y capacidad operativa ya hace varios años y muchas comisiones estatales carecen de presupuesto suficiente, personal especializado o mecanismos eficaces de coordinación con fiscalías y comisiones de búsqueda.
Algo similar ocurre con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares, que creó el Sistema Nacional de Búsqueda. Aunque el marco legal es uno de los más avanzados de la región, su implementación está lejos de ser efectiva. Persisten graves rezagos en la creación de registros confiables, en la homologación de protocolos de búsqueda y en la coordinación entre autoridades federales y estatales. Hoy son las propias familias y colectivos quienes realizan las búsquedas en campo, arriesgando su vida ante la ausencia del Estado.
En México hoy, se ha normalizado lo inaceptable, porque hablar de desaparecidos no es dar cifras, es entender el profundo dolor de familias rotas que no encuentran a sus seres queridos, de las madres buscadoras, de miles de niños que se han quedado huérfanos. Un país con más de 100 mil personas desaparecidas no puede hablar de éxito en materia de seguridad ni de transformación institucional. Tampoco puede voltear hacia otro lado. La crisis de desaparecidos exige algo más que discursos y conferencias mañaneras: requiere una política de Estado seria, recursos suficientes para búsqueda e investigación, y un sistema de atención a víctimas que realmente funcione y cumpla con la ley.
Mientras eso no ocurra, miles de familias seguirán haciendo el trabajo que le corresponde al Estado: buscar a sus desaparecidos en fosas clandestinas, desiertos y campos abandonados. Esa es, hoy por hoy, una de las más dolorosas expresiones del fracaso del gobierno frente a la violencia.
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