El llamado del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU a examinar la situación de México por la magnitud de las desapariciones obliga a evaluar honestamente lo hecho y lo pendiente. No se trata de negar avances: en la última década el país aprobó un marco normativo relevante —la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, el Protocolo Homologado de Búsqueda y la Ley General de Víctimas— y activó estructuras especializadas como la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía Especializada en Desapariciones de la FGR. Las Comisiones Estatales de Búsqueda, las fiscalías locales y los servicios forenses forman parte del andamiaje institucional existente; el reproche del CED, sin embargo, apunta a la distancia entre normas y resultados: la impunidad persistente, miles de casos sin resolver y fallas sistémicas en la investigación y en la atención a las familias.
En lo jurídico, México cumplió una primera fase: dotó de normas y protocolos que definen obligaciones claras de búsqueda, identificación y reparación. En lo operativo, emergen dos realidades paralelas. Por un lado existen acciones puntuales exitosas: identificaciones logradas mediante peritajes forenses, cooperación internacional en casos emblemáticos y creación de brigadas de búsqueda. Por otro, vastos déficits estructurales: laboratorios no acreditados, bancos genéticos incompletos, protocolos de cadena de custodia aplicados de forma irregular y coordinación interinstitucional insuficiente que facilita la dispersión de la evidencia y la revictimización. La ONU denuncia precisamente esa persistente brecha y advierte que la magnitud y continuidad del fenómeno podrían alcanzar umbrales de gravedad internacional si la impunidad sigue siendo la regla.
Si la respuesta debe ser integral, su diseño requiere priorizar tres ejes complementarios. El primero es técnico‑forense: convertir la capacidad ad hoc en capacidad sostenida. Eso implica financiar y acreditar laboratorios regionales, estandarizar protocolos tafonómicos y térmicos (incluyendo SEM y FTIR para análisis de restos quemados), consolidar un banco genético nacional interoperable y asegurar la documentación rigurosa de cadenas de custodia y metadatos. La intervención de equipos internacionales en peritajes complejos es útil no como sustituto, sino como reforzamiento y validación metodológica.
El segundo eje es investigativo‑judicial. La fiscalía especializada y las unidades de élite deben tener autonomía técnica, recursos permanentes y mecanismos ágiles de cooperación con fiscalías estatales y con autoridades financieras para la preservación de pruebas. Donde los hechos sean transversales a varias entidades, la acumulación por conexidad y la coordinación operativa son esenciales para no fragmentar la investigación. Además es imprescindible que los procesos administrativos y penales sancionen omisiones y eventuales responsabilidades de servidores públicos que obstaculicen la búsqueda y el esclarecimiento.
El tercer eje es de víctimas y gobernanza. La Ley General de Víctimas obliga a participación efectiva: las familias no son meros observadores; deben poder designar peritos observadores y tener acceso razonado a información técnica y a acompañamiento psicosocial. La transparencia controlada —informes técnicos desclasificados por capas, auditorías externas y comisiones parlamentarias con acceso restringido a expedientes— es clave para reconstruir confianza. Paralelamente, la prevención debe priorizar políticas sociales y situacionales: empleo, educación, control ambiental del delito y fortalecimiento institucional local que reduzcan la vulnerabilidad de comunidades y la capacidad de infiltración criminal.
El llamado del CED no pretende suplantar la soberanía; pretende que México demuestre, con hechos verificables, que las reformas no son cosméticas. Por ello, las medidas que conviene priorizar son prácticas y verificables: auditorías de cadenas de custodia, despliegue de brigadas regionales con peritos acreditados, consolidación del banco genético, protocolización de la cooperación entre fiscalías y etiquetado claro de responsabilidades administrativas, todo ello acompañado de mecanismos de supervisión externa y participación familiar real.
No existe una solución mágica: la reducción de desapariciones es un esfuerzo de largo aliento que combina ciencia forense, investigación penal sostenida y políticas sociales preventivas. México ha puesto en pie normas e instituciones; el reto es traducirlas en capacidades operativas verificables y mecanismos de rendición de cuentas. Si el país asume la exigencia internacional como oportunidad para corregir, auditar y fortalecer, podrá demostrar que la búsqueda de la verdad y la reparación es un imperativo efectivo y no solo una promesa normativa. Solo así se avanzará en restituir derechos y confianza.
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