Rubén Rocha Moya volvió a irse. El problema es que también puede volver.
En esa diferencia aparentemente menor está una buena parte de la crisis política de Sinaloa. Después de regresar intempestivamente a la gubernatura y provocar una reacción que llegó hasta la Presidencia de la República, Rocha solicitó una nueva licencia. Otra vez indefinida.
No definitiva.
Las palabras importan porque producen consecuencias. Hoy Sinaloa tiene ante sí tres salidas constitucionales de diferente profundidad: licencia indefinida, licencia definitiva o desaparición de poderes.
Primera: licencia indefinida.
Es la solución escogida hasta ahora. Rocha se separa del cargo y otra persona ejerce interinamente la gubernatura. Puede ausentarse 40 días, seis meses o permanecer fuera prácticamente hasta el término de su mandato.
Pero la licencia sigue siendo temporal. Jurídicamente conserva la posibilidad de regresar.
No hablamos de una hipótesis. Acaba de suceder.
Después de más de tres meses de ausencia, Rocha comunicó que retomaba la gubernatura. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que no había sido informada y calificó su conducta de “imprudente”. El gobernador duró poco de regreso. Volvió a solicitar licencia.
La segunda reproduce así el problema de la primera.
Además, aquellos meses de interinato dejaron otra enseñanza. La ausencia del gobernador no desmontó la estructura política que construyó y con la que gobernó. La mayoría legislativa pertenece al mismo bloque político; figuras relevantes han transitado entre los poderes, y el propio regreso de Rocha mostró la continuidad de sus relaciones con el Congreso y el Supremo Tribunal.
En cuestión de horas, diputados y magistrados volvieron a girar alrededor de Palacio.
La licencia indefinida administra la crisis. Y deja en manos de Rocha decidir cuánto dura esa administración.
Segunda: licencia definitiva.
Esta sería una solución cualitativamente distinta.
Rocha se separaría de manera definitiva. No podría decidir dentro de tres o seis meses que las circunstancias han cambiado y regresar nuevamente a la gubernatura.
El Congreso de Sinaloa designaría entonces a un gobernador sustituto para concluir el periodo constitucional. Desaparecería la incertidumbre sobre el retorno de Rocha y el estado transitaría hacia las elecciones de junio de 2027, cuando de cualquier manera corresponde renovar gubernatura y Congreso.
Es la solución intermedia y, probablemente, la menos traumática.
Tiene un inconveniente: depende de Rocha.
Hasta ahora no ha querido cerrar definitivamente la puerta.
Y aun si lo hiciera quedaría otra cuestión: el sustituto sería designado por el actual Congreso, cuya mayoría pertenece al mismo bloque político que ha sostenido al gobernador.
Llegamos así a la pregunta de fondo:
¿Basta con sustituir a Rocha o hay que reconstruir el poder en Sinaloa?
Tercera: desaparición de poderes.
Es la solución extrema.
La Constitución faculta al Senado para determinar que han desaparecido los poderes constitucionales de una entidad y nombrar un gobernador provisional. No se cambia solamente al titular del Ejecutivo: desaparecen Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El provisional debe convocar a elecciones de gobernador y Congreso y designar provisionalmente a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
La Ley Reglamentaria establece hasta tres meses para convocar a elecciones y seis meses más para realizarlas. El número mágico es 9. Nueve meses. La circunstancia de Sinaloa resulta excepcional: en junio de 2027 habrá, de cualquier manera, elecciones ordinarias de gobernador y Congreso. Una elección derivada de la desaparición de poderes sería extraordinaria por su origen, pero podría confluir con la renovación constitucional ya prevista.
La intervención excepcional tendría así una salida democrática: devolver la decisión a los sinaloenses.
No propongo tomar a la ligera una figura constitucional de semejante gravedad. La desaparición de poderes fue durante décadas una de las armas más poderosas del régimen político mexicano. Su última aplicación ocurrió en 1975.
Pero tampoco puede descartarse simplemente porque ahora la planteen los opositores a Morena.
Poder es sustantivo y también verbo.
En Sinaloa existen Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Formalmente están ahí.
La cuestión es si pueden.
Si pueden romper con las redes políticas y los intereses que han acompañado esta crisis. Si pueden garantizar que el Estado recupere la capacidad de gobernar frente a quienes ejercen el poder de las armas. Si pueden producir por sí mismos un nuevo comienzo.
Tres salidas.
La primera ya fue probada y fracasó: Rocha se fue y regresó.
La segunda resolvería el problema Rocha: que se vaya definitivamente.
La tercera sólo se justifica si el problema es mayor que Rocha.
Esa es la decisión que Sinaloa y el régimen político mexicano ya no deberían seguir posponiendo.
Recomendar Nota
