Es un hecho, para escarbar en la historia del narcotráfico en México, habrá que acudir a las prisiones en Estados Unidos, porque ahí purgan sentencia más de un centenar de jefes del crimen organizado.
Es una enciclopedia viviente de la que se puede desprender información sobre los mercados ilegales y sus redes de protección.
A estas alturas sería difícil que las autoridades, y en particular la DEA, no tengan un organigrama en el que figuren clanes, empresas y cómplices de los cárteles de las drogas.
La situación recuerda, aunque sea en parte, las operaciones de las autoridades norteamericanas en Colombia, cuando lograron el desmantelamiento de los cárteles de Medellín y Cali, estableciendo todo un modelo de delación a cambio de diversos beneficios.
Pero el caso mexicano tiene peculiaridades que se se desenvuelven en las ya frágiles líneas de la soberanía y ente la acechanza permanente de acciones unilaterales de la propia DEA, de la CIA o de fuerzas especiales.
Tan sólo en lo que respecta a “las entregas” iniciadas desde febrero de 2025, ya son 92 los generadores de violencia que enfrentan juicios en cortes de Chicago, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, por mencionar algunas.
Esto revela, aunque no sea la intención primaria, que siguen sin existir las condiciones para que los jefes criminales cumplan sus sentencias en nuestro país, porque hay evidencias de que siguen dirigiendo a sus pandillas desde prisión y porque son una de las fuentes permanentes para aceitar la corrupción en diversos niveles de las áreas de seguridad y ya con alcances políticos, sobre todo en el ámbito municipal.
El secretario Omar García Harfuch lo dijo con claridad, al explicar los traslados: “El objetivo es claro: evitar que los generadores de violencia sigan operando en México”.
Es evidente, por lo demás, que el envío de los reos responde a las presiones permanentes de Donald Trump y de Marco Rubio, para que se muestren resultados en el combate a la criminalidad.
Esa es la variable que interesa en la Casa Blanca, no la próxima reforma electoral que terminará con la democracia, sino la eficacia militar y policiaca para detener, sobre todo, el tráfico de fentanilo.
