Durante su administración, López Obrador elevó el principio de soberanía nacional como argumento central para justificar su política de no confrontación militar directa contra los cárteles de la droga. Esta postura fue comunicada claramente a William Barr, entonces fiscal general de Estados Unidos bajo la primera administración de Donald Trump. Frente a la propuesta estadounidense de designar a los cárteles como organizaciones terroristas —medida que habría ampliado el marco legal y operativo contra ellos—, la respuesta de Obrador fue contundente: consideró que tal declaración violaría la soberanía de México.
Lejos de fortalecer al Estado, la política de “abrazos, no balazos” generó una pérdida de control territorial en favor de los cárteles. En amplias regiones del país, las autoridades estatales comparten el poder o han sido desplazadas por estos grupos, bajo acuerdos tácitos de coexistencia. La infiltración del crimen organizado en las instituciones es un problema grave, ejemplificado por casos como el de La Barredora dentro de las fuerzas de seguridad estatales; o los casos documentados de gobernadores como Rocha Moya y Américo Villarreal; o bien, la red criminal del dueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, quien no sólo fabricaba armas y municiones, también las traficaba ilegalmente de EU y Guatemala, con apoyo de ciertos grupos de la élite política.
El poder económico y operativo de los cárteles ha superado, en muchas zonas, la capacidad de respuesta del Estado. Entidades como Michoacán, Guerrero y Guanajuato exhiben síntomas de Estados fallidos locales, donde los cárteles no sólo trafican drogas, sino que imponen reglas, cobran impuestos, administran justicia informal y controlan sectores económicos lícitos clave, como el aguacate, el limón e incluso segmentos turísticos y energéticos.
Para Estados Unidos, esta situación representa una amenaza directa a su seguridad nacional. El control de territorio mexicano por parte de cárteles en regiones fronterizas, sin una respuesta contundente del gobierno mexicano, ha generado una gran tensión bilateral.
En sus memorias (Never Give an Inch, 2023), el exsecretario de Estado Mike Pompeo reveló que el presidente Donald Trump consideró seriamente la opción de emplear drones en territorio mexicano para eliminar a líderes de cárteles. Según Pompeo (p. 168), para Trump la prioridad era aniquilar a organizaciones que operaban con métodos terroristas, quedando las consideraciones de soberanía mexicana “en segundo término”. Esta opción reflejaba la frustración ante la postura mexicana.
Bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha observado un aumento en las extradiciones de criminales a Estados Unidos, mostrando una vía de cooperación bilateral. No obstante, en una suerte de esquizofrenia estratégica, mientras se extraditan capos, se sigue cediendo control territorial a sus organizaciones.
Si la administración de Sheinbaum mantiene la doctrina de no confrontación directa mientras se deteriora la capacidad del Estado para controlar el territorio, aumenta significativamente el riesgo de que Washington pase de la presión diplomática a la acción unilateral. La operación que resultó en la captura de Nicolás Maduro es un precedente de la administración Trump para actuar más allá de las fronteras. Trump ha descrito a los cárteles no sólo como criminales, sino como una “fuerza hostil armada” que controla territorio, trafica armas y personas, lo que equipara su nivel de amenaza al del terrorismo.
Por otro lado, la cooperación en entrenamiento bajo esquemas como la Iniciativa Mérida nunca cesó por completo, aunque se redujo notablemente durante el sexenio de López Obrador. Es un hecho documentado que personal militar mexicano ha recibido entrenamiento en bases estadounidenses como Camp Shelby en el pasado. Quizás el reciente aterrizaje de un Hércules C-130 estadounidense en el Aeropuerto de Toluca marque el resurgimiento de estos programas y un giro en la política de seguridad bilateral.
La historia reciente de México dibuja una paradoja devastadora: la soberanía, blandida con pasión en arenas internacionales para rechazar alianzas estratégicas, es precisamente lo que se ha cedido a los cárteles. Mientras el gobierno se refugia en un nacionalismo retórico, estos grupos afianzan su influencia territorial, económica y social. La interrogante ya no gira sólo en torno a la soberanía, sino a la determinación real de un Estado para ejercerla donde cuenta: en su propio suelo y en la defensa de su pueblo. Para algunos, en Washington, la línea roja ya se ha cruzado.
