Nunca en la historia de México-EU un gran jurado federal había acusado formalmente a un gobernador en funciones por algún delito… hasta ahora. El impacto político es brutal. Las decisiones que tomarán diversos actores políticos dependerán mucho del proceso judicial en curso. Y el proceso mismo se verá afectado por las elecciones intermedias de EU, que están a la vuelta de la esquina. Por eso, vamos por partes.
El gran jurado federal del Distrito Sur de Nueva York, a petición de la fiscalía de ese distrito, acusó formalmente al gobernador Rocha Moya y a otras nueve personas ante una jueza federal. Es decir, la fiscalía determinó que contaba con suficientes datos de prueba que confirmarían la comisión de diversos hechos que considera delictivos, los presentó ante el gran jurado, y éste decidió emitir la acusación formal (indictment). Como los acusados no se encuentran en territorio estadounidense, sino en México, se enviaron al gobierno mexicano solicitudes de detención provisional con fines de extradición. Éstas llegan a Cancillería, que a su vez las remite a la Fiscalía General de la República (FGR). Según el tratado de la materia, la solicitud de detención provisional no requiere acompañarse de pruebas: el solicitante (EU) cuenta con 60 días para presentarlas. Las pruebas se mandan hasta que se formaliza la petición de extradición. La FGR tiene dos opciones: rechazar la solicitud porque considera que carece de elementos, o darle trámite. Si opta por la segunda, tendría que presentar la solicitud de declaración de procedencia ante la Cámara de Diputados, es decir, el desafuero de Rocha.
Según el artículo 111 constitucional, si la Cámara de Diputados considera procedente el desafuero, remite esa resolución al Congreso local de Sinaloa. El propio 111 es ambiguo respecto a lo que debe hacer el Congreso local; a la letra dice: “La declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda” (El resaltado es mío). Hay dos interpretaciones posibles. La primera es que al Congreso local solo le corresponde acatar la resolución de la Cámara de Diputados y, por tanto, nombrar a un gobernador sustituto. La segunda —derivada del asunto de García Cabeza de Vaca en Tamaulipas— que el Congreso local puede examinar si dar lugar o no proceder conforme a lo dictado por la cámara.
Entonces, la presidenta (sabemos que la fiscalía no es autónoma) debe tomar varias decisiones en lo inmediato: cómo debe contestar la Cancillería a las solicitudes, cómo debe actuar la FGR y, en su caso, cuándo solicitaría el desafuero. Luego tendrá que decidir qué tan rápido se turna el asunto a la comisión respectiva en la Cámara de Diputados y cuándo se daría la votación en el pleno. Asimismo, tendrá que decidir si su mayoría vota a favor de procesar a Rocha y, luego, qué hacer en el Congreso local, donde también el oficialismo tiene mayoría.
Por lo pronto, ya empezó mal. El comunicado de la SRE hace una valoración jurídica del asunto sin tener facultades para ello. La FGR se escudó ya en el discurso soberanista, sin necesidad alguna, demostrando que no se hará ni la simulación de una investigación seria. El oficialismo se escuda en el discurso soberanista como si no se tuvieran los elementos para, cuando menos, conceder la extradición y que lo juzguen en EU, allá que Rocha y los demás que se defiendan. Eso es lo único que se requiere al momento, pero no parece que vayan a ceder. Actúan como si este proceso —llevado a cabo en la misma Corte que ha procesado a García Luna, a El Mayo, a El Chapo y compañía— ocurriera en el vacío. Como si Trump no se jugara el Congreso este noviembre. Porque sabemos que al presidente de EU no le importa la justicia en estos casos (como demostró la liberación del expresidente de Honduras), sino que necesita un éxito político y México se lo está sirviendo en charola de plata.
Mientras el oficialismo cierra filas, al Ejecutivo se le cierran las puertas posibles. No sabemos si entenderán la necesidad de cooperar en buena fe o si mantendrán esa defensa inquebrantable al gobernador que tiene sumido a su estado en una batalla que pronto cumplirá dos años. Lo que sí es cierto es que la presidenta, y solo ella, no la tiene nada fácil.
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