Las empresas del Estado mexicano han mostrado durante los últimos dos sexenios un desempeño deficiente, situación que se ha tornado crítica debido a la desfavorable situación macroeconómica por la que atraviesa el país. En buena medida, dicho desempeño adverso se ha debido a una gobernanza corporativa capturada por decisiones verticales de Estado.
La gobernanza corporativa de estas empresas ha estado subordinada a planes nacionales de desarrollo no sostenibles y a políticas sectoriales estatistas que han comprometido su viabilidad económica. No han operado como empresas rentables autónomas, enfocadas en la eficacia, la economía y una asignación eficiente de recursos, con transparencia y honradez, tal y como lo establece el artículo 134 de nuestra Constitución.
Tanto Pemex como la CFE se han convertido en instrumentos centrales de una política energética del Estado con graves deficiencias de sostenibilidad de largo plazo que ha limitado su capacidad estratégica para anticiparse al mercado, aprovechar asociaciones estratégicas y modernizar su gestión con divulgación, transparencia y rendimiento financiero y social positivos. Sus respectivos consejos de administración y su administración han carecido de integrantes activos, informados y profesionales.
La supervisión de sus consejos de administración ha fallado en la conducción de estrategias de largo plazo, en los procesos de capitalización, en la incorporación de tecnologías emergentes y en los aspectos de gobernanza ambiental y social. En otras palabras, ha habido una ausencia clara de gobernanza corporativa, confiable, proactiva, con capacidad de respuesta, responsable, íntegra y transparente y con voluntad para adaptarse a entornos dinámicos, con capacidad de anticipación a conflictos potenciales y resguardo de la confianza y el actuar ético.
Gran parte de la crisis que las empresas del Estado enfrentan tiene su origen en una planeación nacional deficiente y dogmática. En ésta se priorizó la autosuficiencia energética a toda costa, impulsada a través de proyectos, insuficientemente preparados, de alta inversión y baja rentabilidad, tanto financiera como social, que a la postre ha fracasado.
Durante su implementación, dichos proyectos experimentaron sobrecostos y desvíos de sus planes de acción originales, perdiéndose la oportunidad de focalizar recursos en oportunidades de inversión con mayores beneficios netos y menor riesgo ambiental.
Los consejos de administración de estas empresas, al estar comprometidos en planes de desarrollo limitados y programas sectoriales rígidos, han carecido de independencia y rigor técnico. En éstos se han integrado funcionarios de gobierno, en vez de consejeros dedicados y expertos, lo que ha anulado su función como contrapesos institucionales a la gestión administrativa, convirtiendo a dichos consejos en órganos pasivos de ratificación de las directrices emanadas del Poder Ejecutivo, sin que medie en dicho proceso la aplicación de normas de gobernanza corporativa y la acción de mecanismos de regulación a través de comisiones especializadas del Estado, las cuales han sido inoperantes. Por otra parte, la actuación de consejeros independientes ha sido acotada y, en muchos casos, ignorada.
Cabe hacer mención que en el proceso de toma de decisiones tampoco ha incidido la supervisión legislativa de las comisiones de la Cámara de Diputados, indispensable para vigilar los recursos anuales del presupuesto de egresos aprobados, el curso de los programas sectoriales, la marcha de las empresas estatales, su desempeño integral y la exigencia de rendición de cuentas.
En este amplio panorama de interacciones a las que están sujetas las empresas estatales, dos temas específicos de la gobernanza corporativa han estado ausentes: el deber de diligencia y el deber de lealtad. El primero de ellos, obliga a los miembros de los consejos de administración de empresas públicas a actuar de manera informada, prudente y con la debida diligencia al aprobar inversiones y evaluar riesgos y a actuar, de ser necesario, en el caso de asuntos graves que requieran su atención.
Este deber se ha visto vulnerado por la aprobación de presupuestos de inversión mal preparados, la inversión en proyectos fallidos sin análisis de rentabilidad rigurosos, la adquisición de activos con rentabilidades negativas, la no consideración de riesgos financieros, el descuido del mantenimiento preventivo y correctivo, el deficiente control interno, y el deterioro de su patrimonio.
Por otra parte, el deber de lealtad exige que tanto el consejo de administración como quienes gestionan las empresas públicas privilegien el interés de las empresas estatales en su rentabilidad, viabilidad financiera, gestión ambiental y social, resguardo patrimonial por encima de intereses de política y de coyuntura y su buena reputación nacional e internacional. Sin embargo, es común que estas empresas absorban pérdidas cuantiosas, pasivos laborales crecientes, subsidios tarifarios no compensados, entre otros asuntos, acciones todas ellas que han disminuido sus valores respectivos y comprometido su patrimonio, sin que medie la acción de sus consejos de administración en la rendición de cuentas.
México, como miembro de la OCDE, se comprometió con las directrices sobre gobierno corporativo de las empresas públicas, que "tiene como fin abordar los desafíos y oportunidades únicos a los que se enfrenta la propiedad pública a fin de fomentar la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad y la eficiencia dentro del sector público” (OCDE, 2024).
Si bien en la letra se han adoptado los principios que regulan consejos de administración de empresas públicas con competencia, transparencia y rendición de cuentas, en la práctica existen brechas respecto de la independencia de dichos consejos, la competencia equitativa y objetivos de política pública claros, siendo frecuente el cambio en los mandatos, sin que medie consideración sobre los procesos de inversión de terceros en marcha, lo que ha generado inestabilidad y confusión respecto al rumbo estratégico que llevan los grandes conglomerados empresariales del Estado.
Es imperativo que el Ejecutivo federal recomponga de manera seria, rigurosa y ordenada la gobernanza corporativa de las empresas públicas de nuestro país, que profesionalice sus funciones fundamentales, que les dote de la autonomía e independencia necesarias para llevar a cabo con responsabilidad su papel como órganos rectores de la actividad empresarial del Estado y que ello permita transitar de la incertidumbre en su operación a la sostenibilidad de largo plazo. En otras palabras, si no se corrige el rumbo, seguirán afectando con sus decisiones a sus principales accionistas: los ciudadanos de México.
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