Ante la carencia de registros serios, se desconoce con precisión el número de elementos con que cuentan las fiscalías, sus capacidades reales de investigación o el estado de sus servicios periciales y forenses
Causa en Común
La Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales, concebidas formalmente como instituciones autónomas, técnicas e imparciales, están encargadas de investigar delitos y realizar labores de identificación forense. Como es bien sabido, y sufrido, la distancia entre las disposiciones legales y la realidad es enorme. Las fiscalías mexicanas no sólo arrastran rezagos históricos en personal, infraestructura y equipamiento, sino que además operan en condiciones de subordinación política y opacidad.
Sufren la simulación de autonomía, pues la designación y remoción de fiscales continúan dependiendo de los gobernadores y del Ejecutivo federal, se suma el deterioro de sus capacidades.
Los datos oficiales disponibles dependen, en gran medida, de lo que las propias instituciones reportan al INEGI mediante los Censos Nacionales de Procuración de Justicia, y de solicitudes de información, y con frecuencia presentan inconsistencias, omisiones y variaciones abruptas difíciles de explicar.
En estas condiciones, no es posible conocer con precisión el número de elementos con que cuentan las fiscalías, sus capacidades reales de investigación o el estado de sus servicios periciales y forenses.
La fiscalía de Yucatán, por ejemplo, reporta no contar con policías de investigación desde 2019, mientras que la de Nuevo León pasó de reportar cero policías de investigación entre 2019 y 2021, a reportar más de mil en 2022. Por su parte la fiscalía de Chihuahua pasó de cuatro peritos en 2021 a 465 un año después, y la de Jalisco reporta menos de 25 peritos.
La mayoría de las fiscalías no proporciona información suficiente para evaluar sus procesos de capacitación. En cuanto a los sistemas de carrera, sólo 18 fiscalías cuentan con normas que los regulen y apenas cinco realizaron convocatorias de promoción durante 2024. En consecuencia, las fiscalías operan sin incentivos para la permanencia, profesionalización y especialización de su personal.
En 2024, 13 fiscalías estatales omitieron entregar información al INEGI sobre ministerios públicos y policías de investigación sancionados. Aunque algunas instituciones han desarrollado mecanismos para la recepción de denuncias, como líneas anónimas o ventanillas externas, no existe información suficiente para evaluar el funcionamiento de los sistemas internos de control.
Las deficiencias en certificación son igualmente alarmantes. En 2024, varias fiscalías reconocieron no contar con manuales ni lineamientos para evaluar a su personal ministerial y pericial. Como resultado, sólo una proporción reducida de ministerios públicos y peritos cuenta con certificaciones en control de confianza, competencias y desempeño.
En cuanto a policías de investigación, el 65% contaría con certificación vigente, y la veracidad de estos datos resulta también cuestionable: mientras Tlaxcala reporta que ninguno de sus policías de investigación cuenta con certificación vigente, Sonora y Sinaloa afirman tener niveles de certificación cercanos al 100%.
Las condiciones laborales tampoco corresponden a la importancia de las funciones que desempeña el personal de las fiscalías. No existe un estándar nacional para fijar salarios mínimos del personal ministerial y pericial, por lo que cada institución establece tabuladores conforme a criterios propios, en ocasiones sumamente bajos. Las prestaciones muestran un panorama igualmente precario: el 30% del personal de fiscalías estatales contaría con seguro de vida, y el 5% con seguro de gastos médicos mayores.
A estas carencias se añaden cargas de trabajo imposibles de atender. Al cierre de 2024, las fiscalías estatales y la FGR acumulaban más de 2.1 millones de carpetas de investigación pendientes de concluir. Si se agregan las carpetas iniciadas durante el mismo año, el total ascendió a 4.7 millones, la cifra más alta de la que se tenga registro. Ello implica que, en promedio, cada ministerio público debía supuestamente atender 258 carpetas de investigación. En Jalisco la cifra ascendió a 896 carpetas por agente; en Aguascalientes, a 724; en Baja California, a 550; y en Coahuila, a 524. En estas condiciones, la investigación efectiva de delitos resulta materialmente imposible.
El 38% de las carpetas terminó en archivo temporal y el resto corresponde, en su mayoría, a sobreseimientos, incompetencias, abstenciones de investigación, criterios de oportunidad y otras formas de conclusión administrativa. En síntesis, la impunidad no sólo se explica por lo que ocurre en tribunales o cárceles, sino principalmente por el fracaso de las investigaciones desde sus etapas iniciales.
El cuanto al deterioro forense, éste resalta aún más ante las más de 130 mil personas desaparecidas, decenas de miles de cadáveres sin identificar y miles de fosas clandestinas.
La FGR no ha desarrollado el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, y del Banco Nacional de Datos Forenses, anunciado desde 2023, tampoco existe información que permita conocer su funcionamiento.
En 2024, se habrían admitido más de 1.1 millones de solicitudes de intervención médica forense, mientras el país contaba con apenas 1,591 médicos forenses. Ello implica el absurdo de que cada médico forense debió atender, en promedio, más de 700 solicitudes al mismo tiempo. A su vez, sólo 17 entidades reportaron contar con espacios en centros de resguardo forense, mientras que entidades como la Ciudad de México y el Estado de México ni siquiera reportaron este tipo de instalaciones.
La expansión de la prisión preventiva oficiosa agrava todavía más el panorama. Concebida originalmente como una medida cautelar extraordinaria, la prisión automática se ha expandido durante los últimos años, ampliando los supuestos bajo los cuales las personas pueden ser encarceladas sin juicio. Los encarcelamientos automáticos son muy cómodos para las jefaturas políticas de las fiscalías, la presidencia y las gubernaturas, y muy cómodos también para esconder la inoperancia de estas instituciones.
Estos y otros hallazgos acreditan que, en lugar de un sistema de procuración de justicia, lo que existe es un conjunto de instituciones precarias, políticamente subordinadas e incapaces de responder a los niveles de impunidad y violencia que enfrenta el país. Y, aún así, no existe la más mínima intención de rescatarlas.
El presente artículo resume aspectos del informe de Causa en Común (2026), Inseguridad, injusticia, instituciones rotas: el caso de las fiscalías, disponible en: https://acortar.link/0HpNGA
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