En una quinta carta enviada a Palacio Nacional, denunció que cumple ocho meses en prisión bajo un proceso plagado de irregularidades
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En una quinta carta enviada a Palacio Nacional, denunció que cumple ocho meses en prisión bajo un proceso plagado de irregularidades
El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, preso por huachicol fiscal, apeló a la narrativa de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la exigencia de “pruebas contundentes” para acusar a servidores públicos, como lo ha hecho en defensa de Rubén Rocha, para reiterar que es inocente y que enfrenta un proceso injusto.
En una quinta carta enviada a Palacio Nacional, denunció que cumple ocho meses en prisión bajo un proceso plagado de irregularidades, donde la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República (FGR) le niegan acceso al expediente con el pretexto de “seguridad nacional”.
Hasta el momento ninguna de las misivas ha sido respondida de manera formal por la Consejería Jurídica de la Presidencia, ahora a cargo de Luisa María Alcalde Luján, ni por alguna otra área institucional.
La defensa del vicealmirante, acusado junto con su hermano Fernando Farías Laguna de encabezar una red de contrabando de combustible, señaló que el silencio gubernamental contrasta con los posicionamientos recientes de la propia presidenta, quien ha sostenido en sus conferencias que, para señalar o responsabilizar a cualquier persona, deben existir “pruebas suficientes” y “elementos contundentes”.
Indicó que el debate ocurre en medio de las recientes acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, el senador Enrique Inzunza y otros ocho implicados en presuntos nexos con el cártel de Sinaloa.
“Casos en los que desde el Gobierno mexicano se ha insistido correctamente en la necesidad de pruebas y debido proceso antes de emitir juicios”.
El Despacho Mendieta & Asociados afirmó que el punto central del reclamo no es político, sino jurídico y constitucional, pues si el Gobierno de México sostiene que nadie puede ser condenado sin pruebas, ese criterio debe aplicarse para todos los ciudadanos por igual y no únicamente en los casos “políticamente convenientes”.
“La falta de respuesta a cinco cartas consecutivas enviadas a la Presidencia no solo profundiza la percepción de abandono institucional denunciada por el acusado y su familia, sino que alimenta cuestionamientos sobre la congruencia entre el discurso público sobre justicia y la actuación real de las instituciones encargadas de procurarla”.
La carta del vicealmirante está fechada el 10 de mayo de 2026 en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Sostuvo que fue vinculado a proceso dentro de la causa penal 325/2025 sin pruebas fehacientes que acrediten circunstancias de tiempo, modo y lugar, además de que fue exhibido públicamente como culpable antes de su audiencia judicial, generando un “efecto corruptor” que violentó su presunción de inocencia.
También indicó que, después de ocho meses privado de la libertad, continúa sin acceso completo a la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDRPIFAM-CDMX/000568/2024 y que información útil para acreditar su inocencia habría sido reservada bajo argumentos de seguridad nacional.
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