La decisión se tomó al determinar que la CONATRIB incumplió los requisitos de independencia y apoliticidad exigidos a las asociaciones integrantes
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La decisión se tomó al determinar que la CONATRIB incumplió los requisitos de independencia y apoliticidad exigidos a las asociaciones integrantes
En un hecho inédito para el sistema de justicia mexicano, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), organismo que agrupa a los poderes judiciales de las 32 entidades del país, fue expulsada de la Unión Internacional de Magistrados (UIM) por apoyar la Reforma Judicial de Andrés Manuel López Obrador.
La UIM (AIJ, por sus siglas en inglés) es considerada la máxima organización internacional de impartidores de justicia con más de 93 asociaciones nacionales de jueces de los cinco continentes como miembros activos, misma a la que México perteneció hasta el sábado pasado.
Con un resultado de 53 votos a favor, 13 en contra y cuatro abstenciones, se determinó expulsar a la delegación mexicana.
Se consideró que la CONATRIB, encabezada por el magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, perdió su independencia y apoliticidad al respaldar la Reforma Judicial y traicionar la defensa de la carrera y autonomía judicial.
Buscando atenuar el golpe antes y durante la asamblea, Guerra Álvarez intentó lavarse las manos al justificar la implementación de la Reforma Judicial como consecuencia de un “conflicto presupuestario provocado por jueces federales".
Incluso, sostuvo que la reforma no surgió por deficiencias ni animadversión hacia los juzgadores locales y que el impacto en los estados era "limitado".
Sin embargo, su versión duró poco: la jueza costarricense Adriana Orocú, presidenta del Grupo Iberoamericano de la UIM, lo desmintió en el pleno con datos del INE que confirman la destitución de 1,800 juzgadores locales en 19 estados (de un total de 2,681 cesados), dejando al descubierto la magnitud del colapso en el fuero común.
Durante la sesión del Consejo Central, delegados de Francia, Chile, Costa Rica y Argentina arrinconaron a la comitiva mexicana cuestionando la falta de acciones para frenar el desmantelamiento de la judicatura.
El relator y exlíder de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), el argentino Marcelo Gallo Tagle, fue contundente frente al argumento de la CONATRIB de que su respaldo al gobierno buscaba una "aplicación gradual" de los cambios.
“La defensa de la independencia judicial no admite negociaciones: o se la defiende o no se la defiende. La CONATRIB debió rechazar la destitución de los jueces y actuar de manera enérgica; no hay posibilidades intermedias, la CONATRIB no salió en defensa del Poder Judicial”, afirmó.
Los dictámenes de la UIM establecieron que avalar la elección de jueces por voto popular contraviene los estatutos internacionales de apoliticidad, ya que suprime el mérito y subordina la impartición de justicia a intereses electorales.
En claro contraste con la postura de la CONATRIB, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) celebró la determinación de la UIM al señalar que el fallo internacional valida las denuncias presentadas sobre el atropello a las garantías institucionales y los derechos de la judicatura en México.
Con motivo de su 68 reunión anual, el consejo central votó este 17 de octubre la expulsión de la CONATRIB al considerar que dejó de cumplir sus condiciones de membresía al no defender la independencia judicial.
La AIJ se fundó en 1953; reúne a las asociaciones nacionales de jueces de distintos países, no a gobiernos ni a tribunales. Según su estatuto, su objetivo principal es proteger la independencia judicial, que entiende como condición esencial de la función de juzgar y como garantía de los derechos humanos.
Para pertenecer a la UIM, una asociación debe cumplir dos condiciones: debe ser apolítica e independiente de los poderes ejecutivo y legislativo de su país.
Rafael Guerra Álvarez, la magistrada María Belinda Aguilar Díaz, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, y el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, presidente del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura de Chiapas, representaron a la CONATRIB en esta asamblea internacional.
El 28 de junio de 2024, la CONATRIB emitió un pronunciamiento oficial de apoyo a la reforma constitucional al Poder Judicial impulsada por AMLO, la cual se aprobó en septiembre de ese mismo año.
La UIM abrió después un procedimiento de revisión y pidió a la CONATRIB un informe que entregó el 30 de junio de 2025. En él, la asociación mexicana argumentó lo siguiente:
Los dos relatores de Argentina y España, designados por UIM concluyeron que la respuesta de la CONATRIB no desvirtuó la preocupación central.
En su informe, afirmaron que al respaldar la elección popular de jueces, la asociación avaló un mecanismo contrario a la independencia y a la apoliticidad que exige el estatuto para las asociaciones miembro. Por ello, a su consideración, ya no reunía las condiciones que permitieron su admisión.
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