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EU sanciona a empresas y funcionarios cubanos ligados al aparato militar; los acusa de patrocinar el terrorismo

El Departamento de Estado los señala de participar en la adquisición de armamento para el Ejército de la isla

Crédito: @GobiernoCuba

Cinco entidades estatales y ocho funcionarios cubanos, entre ellos el ministro de las Fuerzas Armadas, Álvaro López Miera, fueron sancionados este jueves por el gobierno de Estados Unidos.

Washington los acusa de facilitar la cooperación militar con países considerados adversarios, así como de participar en la adquisición de armamento para el Ejército de la isla.

“El régimen comunista cubano es un patrocinador estatal del terrorismo que espía a Estados Unidos, arma a radicales de izquierda violentos, difunde una ideología marxista venenosa y sirve como base de operaciones para Rusia, China e Irán a solo 90 millas de nuestras costas”, sostuvo el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Entre las empresas sancionadas está Tecnoimport, la sociedad mercantil Duna S.A., la empresa militar industrial Yuri Gagarin y la Empresa Cubana Exportadora de Importadora de Servicios, Artículos y Productos Técnicos Especializados (Tecnotex).

Esta última pertenece al conglomerado militar empresarial Gaesa, el cual fue incluido previamente en la lista de sanciones del gobierno de Donald Trump.

A través de su cuenta de X, Rubio afirmó que mantendrán medidas contra cualquier actor que respalde o facilite actividades militares, de inteligencia o consideradas hostiles. Asimismo, advirtió que individuos, bancos y empresas que continúen proporcionando apoyo o servicios a estos organismos serán castigados.

"El régimen comunista cubano es un Estado patrocinador del terrorismo que utiliza su aparato militar y de inteligencia para espiar a Estados Unidos", agregó Rubio.

La lista de sancionados también incluye a altos mandos del aparato militar cubano, entre ellos el jefe del Estado Mayor, Roberto Legrá Sotolongo; el encargado de Relaciones Exteriores de esa dependencia, José Antonio Rempon Rodríguez, y su director económico, óscar Enrique Biosca Gallego.

Las medidas impuestas colocan bajo jurisdicción estadounidense los bienes y activos de las entidades y personas señaladas, además de restringir cualquier operación financiera o comercial que involucre a ciudadanos o instituciones de Estados Unidos con los afectados.

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